Por orden del Poder Judicial y de la jueza Sara Jiménez, se detuvo el traslado de la División de Investigación Operativa de la Policía Estatal adscrita a la fiscalía general.
El juez aceptó la medida de seguridad voluntaria aplicada por la fiscal general Diana Salazar el 12 de febrero para bloquear la decisión del director de Gestión de Talento de la Policía Estatal, que el 11 de febrero ordenó la movilización de los policías.
Los 37 miembros de la oficina, investigadores y cinco agentes especiales son responsables de la seguridad física del fiscal general y su familia. La Fiscalía informó en un comunicado la tarde de este lunes que la decisión del tribunal se basó en un análisis de los hechos y argumentos de derecho presentados y ante una inminente vulneración de varios derechos constitucionales, como la independencia, la tutela judicial efectiva, la certeza jurídica y la seguridad. el fiscal general y su familia.
En consecuencia, el juez Jiménez decidió suspender el traslado hasta que la Fiscalía y la Secretaría de Gobernación “hagan cambios coordinados, manteniendo el debido respeto, respetando las necesidades de cada organismo en particular y el interés nacional”, informó la dependencia.
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