A segundo debate pasó el trámite del proyecto de ley orgánica de contención, acompañamiento y reparación transformadora e integral a hijos, hijas, madres, padres y demás familiares de mujeres víctimas de femicidio.
Como medidas de reparación se crea el fondo estatal de reparaciones, para el cual se propone otorgar una pensión mensual equivalente a un salario básico del trabajador en general para los hijos e hijas menores de 21 años de edad o en situación de discapacidad sin límite de edad, personas adultas mayores y demás dependientes que se encontraban a cargo de las víctimas de femicidio u otras muertes violentas de mujeres.
Se crea un fondo de contención y atención prioritaria que se financiará con recursos de cooperación internacional, aportes de personas naturales y jurídicas. Estos se destinarán para cubrir medidas de reparación en caso de declararse la insolvencia del condenado, apoyo económico a las familias que acogen a las niñas, niños y adolescentes de las víctimas de femicidio, apoyos funerarios, judiciales o temas adicionales que requieran las familias por su situación de vulnerabilidad.
La legisladora Sofía Sánchez (PK), integrante de la comisión de Garantías Constitucionales y ponente del informe para primer debate, destacó que el proyecto es una respuesta a los problemas que viven las familias de las mujeres víctimas de femicidio, considerando que el 2022 fue el año más violento, las estadísticas determinan que hubo 332 femicidios y dejaron a 285 hijas e hijos en la orfandad, sin acompañamiento del Estado.
En la propuesta de ley se dispone al Estado aplicar todas las medidas necesarias para que los hijos, hijas, madres, padres y demás familiares de las víctimas de femicidio puedan acceder a la reparación integral a través de la aplicación transparente, ágil, eficaz, eficiente y oportuna de mecanismos, procedimiento, protocolos, planes, programas y políticas públicas que logren la restitución.
La asambleísta Dallyana Passailaigue (PSC), autora del proyecto de ley, reveló que en los últimos ocho años en el Ecuador 1.378 mujeres fueron víctimas de femicidio y hubo 1.526 hijas e hijos huérfanos.
Lo importante, dijo, es que los femicidios no se repitan y para eso hay una serie de acciones que emprender, donde el Estado debe garantizar que los familiares de las víctimas puedan transitar su duelo, recuperar sus vidas y tener paz en sus corazones.
La legisladora Gissela Garzón (UNES) resaltó el hecho de que en este proyecto de ley conjuga con su propuesta presentada de cambiar el delito de femicidio por el de feminicidio, para que el Estado asuma sus responsabilidades no solo cuando sucedan casos “bochornosos y escandalosos”, como el sucedido con María Belén Bernal, sino cuando, por ejemplo, hay procesos de reparación y no de repetición pendientes a nivel nacional.
Apoyo y acompañamiento
La norma dispone que el Estado aplicará las medidas para que los familiares de las víctimas accedan a la reparación integral.
Establece la categorización del femicidio desde el momento del levantamiento del cadáver.
Aquello ayudará a que la Fiscalía investigue y categorice como tal cualquier muerte violenta de mujeres y niñas.
Prevé que los servicios integrales de refugio de los familiares víctimas del femicidio contarán con buena infraestructura.
Fuente: El Universo