Los vocales del Consejo de Participación Ciudadana discutirán este miércoles los hechos denunciados ante su pleno, antes de tomar una resolución.
Este miércoles, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) pretende tratar una serie de denuncias de irregularidades ocurridas durante la elección abierta para el primer ejecutivo de la Defensoría Pública.
Para este jueves 5 de abril está prevista la reposición de un pleno, en el que los siete regidores pretenden debatir los agravios planteados por figuras políticas y por los mismos ciudadanos que integran la comisión que supervisa el proceso de elección de esta autoridad.
El concurso fue suspendido como medida preventiva por el juez de Montecristi (Manabí) para cumplir con el plazo establecido en las bases para que los quince participantes rindan el examen escrito.
La norma establece que quienes sean aceptados deberán presentarse al examen escrito, el cual “deberá realizarse al término de los quince días contados a partir del inicio de la etapa de calificación de méritos”. Sin embargo, menos de 72 horas antes de la fecha de la prueba, la comisión llamó a los candidatos a presentarse a la prueba de conocimientos.
Así también, los catedráticos que elaboraron este cuestionario de 60 preguntas se seleccionaron sin la presencia de la notaria María del Pilar Flores, que fue designada por el pleno del CPCCS para dar fe de los actos que se efectúen en el proceso; y, al contrario, la comisión resolvió por su cuenta escoger otra notaría.
El asambleísta del correísmo Unión por la Esperanza (UNES) Ferdinand Álvarez denunció en la Fiscalía General del Estado a cinco miembros de la comisión que representan a la ciudadanía por asociación ilícita por presunto tráfico de influencias para beneficiar a dos postulantes. Entre ellos están: William Falconí, Diana Villacís, Vicente Vásconez, Gina Montalván y Jorge Tipán.
La renuncia de William Falconí a la presidencia de la comisión y la renuncia de Diana Villac a la secretaría fueron resultado de estos hechos.
Para conocer estas denuncias, los vocales del CPCCS escucharon en audiencia pública a los diez comisionados y al legislador Álvarez.
El evento duró alrededor de seis horas y entre los cinco comisionados de funciones del Estado, Jéssica Burbano (Judicial), Mara José Valverde (Legislativa), Jéssica Rojas (Electoral), Luis Mejía (Transparencia y Control Social), e Isabel Noboa ( Ejecutiva) responzabilizaron a William Falconi de llevar al concurso a este estado de suspensión.
William Falcon defendió su comportamiento alegando que era legal. Ejemplificó que la elección del equipo de catedráticos, que se hizo sin la presencia de la notaría que el CPCCS designó, se “subsanó”. Aunque no explicó bajo qué norma legal lo subsanó.
Agregó que dichos participantes conocían los plazos del reglamento y que tenían el tiempo para prepararse y por eso lo convocó el 25 de marzo para que asistan el 28 de marzo.
“¡Yo me lavo las manos!” confesó William Falconí, porque a su criterio, él ha actuado apegado a las normas.
Adicionalmente, dijo que por desconocer la medida cautelar dictada por el juez Danilo García de la Unidad Judicial Multicompetente de Montecristi, programó la audiencia para administrar el examen escrito a doce de los quince solicitantes para el 28 de marzo.
Para la comisionada Gina Montalván, fue una oportunidad para llamar la atención sobre una serie de irregularidades, como el hecho de que cuando recibió por primera vez el expediente de uno de los solicitantes —el 26— faltaban certificados que acrediten el cumplimiento de normas como las establecidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
O, que el expresidente William Falconí le hacía trabajar de lunes a domingo, sin descansos.
En respuesta, en el turno de Diana Villacís, que renunció a la secretaría de la comisión, acusó a Montalván de tener un “trastorno psicológico” y asegurando que esa fue sin duda la causa de que mencionara estos hechos durante la sesión plenaria del 5 de abril.
Villacís también reconoció que es miembro de la Fundación Amazonía Ecuatoriana (Fundae), de la que también forma parte Falconi, y que por ello están vinculados a otras fundaciones e instituciones a través de las cuales también son miembros los comisionados Víctor Vásconez, Gina Montalván y Jorge Tipán. .
El legislador Ferdinand Alvarez proporcionó a los regidores estas pruebas advirtiéndoles que la contienda estuvo viciada desde el principio. “.
En su exposición habló de “repartos” de los “nexos en cada uno de los miembros de la comisión” y que no existieron parámetros de igualdad para calificar a los postulantes, pues la pretensión de los cinco comisionados de la ciudadanía sería beneficiar a los concursantes “Jorge Ballesteros y Rodrigo Frías”, este último, que fue director del Consejo de la Judicatura de Los Ríos en el 2020.
El veedor Juan Carlos Icaza fue uno de los últimos oradores en ser escuchado por el pleno. Defendió la actuación de William Falconi y de los otros cuatro comisionados ciudadanos mientras criticaba las funciones de los representantes del Estado.
Cuestionó por qué era necesario interferir con esta elección abierta y detener la selección de un nuevo defensor público.
Agotados, tras escuchar las acusaciones mutuas entre los comisionados, la plenaria se suspendió y se reinstalaría la tarde de este 5 de abril para que los siete vocales del CPCCS discutan qué medidas se pueden tomar para resolver la consecución de este concurso público.