De su lado las comunidades indígenas han criticado el desdén, la política de no escucha, no mediación y retiro de apoyos necesarios, por parte del Gobierno.
Mediante un comunicado, la empresa extranjera Petrolia, rechaza las insinuaciones del ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, quien la ha culpado de los actos violentos ocurridos en el bloque 16 y 67, donde comunidades Waoraní han denunciado abandono estatal.
Petrolia, antes conocida como Repsol, trabajaba en ambos bloques sin registrar ninguna novedad, pues se mantenía la paz en la zona por los convenios firmados con los pueblos indígenas, donde se apoyaba en salud, educación, empleo, infraestructura y desarrollo comunitario, sin embargo, tras el término del contrato, la estatal Petroecuador llegó a la zona y no ha brindado ninguno de estos servicios desde enero de 2023.
“PETROLIA, No “Repsolia”, como equivocadamente ha nombrado el señor Ministro (…)rechaza de forma enfática su aventurada insinuación, rayando en acusación, de que estaría detrás de los actos de protesta y violencia atribuidos a miembros de la comunidad Waorani”, dice el comunicado.
De hecho, Juan Bay, presidente de la nacionalidad Waorani, reprochó que el ministro Santos no los recibió cuando él junto a otros miembros de su comunidad llegaron a Quito el pasado lunes 27 de marzo y los tuvo alargando la reunión o pidiéndoles que se trasladen de un lugar a otro, durante cinco días, sin concretar la cita donde se trataría de llegar a un acuerdo.
En ese momento, el dirigente ya advirtió que ante falta de respuesta, el ambiente en territorio se había puesto tenso, tanto así que waoranis y kichwas se tomaron algunos pozos para exigir que la empresa estatal cumpla con su responsabilidad social o permita que un privado sea el que explote los campos.
“La empresa privada tenía una operatividad normal, producía 15 mil barriles diarios, pero no le renovaron el contrato”.
En entrevista a Radio Pichincha, Bay aclaró que las comunidades no impiden la producción ni operación, pero insistió en que la empresa que quiera ingresar a su territorio deberá invertir y preocuparse de la parte social.
Asimismo, el dirigente alertaba que las Fuerzas Armadas están entrando a sus territorios sin consulta ni permiso, por lo que responsabilizó al Gobierno si ocurría alguna desgracia.
En ese contexto Petrolia puntualizó que durante 30 años operando los campos impulsó sendos Programas Operativos Anuales, preparados, consensuados y supervisados por delegados de las partes que anualmente dejaron constancia de su conformidad respecto al cabal cumplimiento de los compromisos adquiridos y debidamente ejecutados.
“Se mantuvo un ambiente de cooperación, paz y buena vecindad. Nunca hubo incidentes de este tipo durante las tres décadas de gestión privada”.
La petrolera le recordó al ministro su experiencia a escala mundial, pues también cotiza en la bolsa de valores de Toronto, Canadá y se rige por estrictas normas corporativas e incluso menciona que ha invertido en Ecuador USD2.000 millones.
“Por todo ello corresponde que usted ministro Santos, como hombre de bien que debe caracterizar a cualquier secretario de Estado, se retracte de sus afirmaciones, que carecen de todo fundamento y claramente dañan la reputación de una empresa que ha trabajado en el Ecuador por 30 años”.
Asimismo la empresa extranjera se solidariza con Petroecuador, el ministro y las FFAA por los lamentables episodios ocurridos con el pueblo Waoraní y asegura estar presto a colaborar a una solución al conflicto.
De su lado las comunidades indígenas han criticado el desdén, la política de no escucha, no mediación y retiro de apoyos necesarios para la vida cotidiana de varias comunidades como salud, educación, trabajo, movilidad, etc, por parte del Gobierno.
«Exigimos al Estado Ecuatoriano retomar el diálogo de manera transparente y responsable con las distintas comunidades, donde los acuerdos se tomen en presencia sus representantes y socios, de manera que cualquier acuerdo sea legitimo y en beneficio de la gente».
Instaron a abrir corredores humanitarios en la Vía Maxus que permita la atención de emergencias de las comunidades. «Exigimos también cesar con la política de militarización, la cual es un acto de provocación que acentúa la inseguridad de más de 3000 habitantes en la mayor reserva de biodiversidad del planeta».
Fuente: Radio Pichincha