La audiencia sobre el proceso de conformación de la veeduría para revisar las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) Transitorio ha generado disputas entre el actual Cpccs y la Fiscalía General del Estado; tuvo una duración de cuatro horas e intervinieron los consejeros del Cpccs, la Fiscal General del Estado, así como el juez de Montecristi. Mientras la Corte Constitucional dirime este conflicto.
La audiencia telemática se instaló en la Corte, pasadas las 10:00, de este lunes 25 de septiembre, para conocer sobre el proceso de conformación de la veeduría ciudadana. Y el proceso en el Cpccs para revisar la designación de Diana Salazar, como fiscal general de la Nación; quien pidió al Pleno del organismo constitucional desituir a los consejeros del Cpccs.
En la diligencia participan los nueve jueces de la Corte Constitucional (CC); el presidente del Cpccs, Alembert Vera; los consejeros y sus abogados; la fiscal Diana Salazar; y el abogado Leiver Quimis, juez de la Unidad Judicial Penal de Montecristi, quien falló a favor de la conformación de la veeduría para auditar al Transitorio.
Ahora, el organismo constitucional ingresó en la etapa de deliberación. Si resuelve que los vocales del CPCCS incumplieron una sentencia previa, podría proceder con la destitución. Fiscal pide destitución de los consejeros Tras argumentar que los consejeros no respetaron el dictamen constitucional, la fiscal Diana Salazar pidió la destitución y sanción de Alembert Vera, presidente del CPCCS, Sócrates Verduga, Yadira Saltos y Johanna Verdezoto. “Esta corte tiene el deber constitucional de destituir a todos quienes incumplieron el dictamen 219”, insistió Salazar en su alegato final.
Salazar también aseguró que el CPCCS convocó a una audiencia para exponer sobre los documentos usados en el concurso para Fiscal General, al que no asistió porque “iba a avalar un incumplimiento”. Y acusó al organismo de dar paso al pedido de un colectivo ciudadano, para analizar la documentación de dicho concurso. El abogado de Salazar, José Luis Arcos, aseguró que por parte de los consejeros hay una “transgresión directa” al dictamen de la Corte Constitucional.
El presidente del CPCCS, Alembert Vera, respondió que en este Consejo de Participación “no se ha seguido ningún proceso relacionado con la revisión de la designación” de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Aseguró que la única actuación realizada por el CPCCS fue la sesión del 29 de junio de 2023, en la que se aprobó un informe elaborado por la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Anticorrupción que trata sobre el supuesto plagio de la fiscal. “No hay ningún intento de destituir a ninguna autoridad”, insistió el presidente del CPCCS.
Después de la intervención del presidente del CPCCS, fue el turno de Nicole Bonifaz López, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y los demás consejeros, quienes se expresaron mediante sus abogados. Bonifaz aseguró que han sido involucrados “injustamente en intereses personales de ciertos actores”. El abogado de Johanna Verdezoto defendió que la aprobación del informe sobre el presunto plagio realizado por la fiscal “se enmarca en las competencias de lucha contra la corrupción” que tiene el CPCCS.
El consejero Augusto Verduga tuvo una postura similar. Aseguró que el pedido del colectivo para conformar una veeduría tiene que ver con una instancia de participación y no de investigación. El abogado los consejeros Mishelle Calvache y Andrés Fantoni, Óscar Zuñiga, aseguró que sus defendidos se desmarcaron de la postura de la mayoría, a quienes acusó de sí intentar irrespetar el dictamen.
Foto cortesía: Primicias