Home Internacionales Fiscal General de Perú denuncia a Dina Boluarte por las protestas del 2022

Fiscal General de Perú denuncia a Dina Boluarte por las protestas del 2022

by Kevin Jarama

La Fiscal General de Perú, Patricia Benavides, presentó una acusación ante el Congreso, señalando a la presidenta Dina Boluarte por supuesto homicidio, imputándole responsabilidad en la represión de las manifestaciones en su contra que resultaron en más de 50 fallecimientos desde su asunción al cargo hace un año.

La denuncia, la cual podría resultar en la destitución de la presidenta, surge en un periodo en el que la fiscal se encuentra bajo intensos cuestionamientos internos sobre su administración, con altos magistrados del Ministerio Público solicitando su renuncia.

La presentación de cargos contra Boluarte se desencadenó después de que Benavides fuera señalada por otra fiscal de liderar una supuesta red criminal arraigada en la alta dirección de la fiscalía. Supuestamente, desde esta posición, habría ejercido tráfico de influencias con el Congreso e intercambiado favores políticos.

En este escenario, Benavides ha afirmado que no presentará su renuncia mientras la Junta Nacional de Justicia evalúa su continuidad en el cargo.

La fiscalía inició la investigación contra Boluarte en enero por presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”. En septiembre, la presidenta compareció ante fiscales por tercera vez. Para que el Congreso apruebe la denuncia contra la mandataria, se requiere un proceso parlamentario que puede extenderse hasta tres meses.

Las protestas contra el gobierno surgieron el 7 de diciembre, cuando Boluarte asumió la presidencia tras la destitución del izquierdista Pedro Castillo, quien fue destituido por su intento fallido de disolver el Congreso, gobernar por decretos y convocar a una Asamblea Constituyente.

Las manifestaciones se prolongaron hasta marzo, dejando un saldo de 54 personas fallecidas, incluyendo seis soldados que murieron ahogados en un río al intentar escapar de campesinos que los atacaron con piedras en Puno, ciudad del sureste que fue el epicentro de las movilizaciones.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), unas veinte víctimas perdieron la vida por disparos de bala realizados por las fuerzas militares enviadas para controlar las protestas. Castillo se encuentra en prisión preventiva en Lima, a la espera de que la justicia decida si enfrentará un juicio.

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