La reforma energética plantea la delegación a empresas privadas, en casos excepcionales, de actividades del servicio público de energía eléctrica.
El presidente de la República, Daniel Noboa, envió a la Asamblea Nacional para debate y aprobación el proyecto de Ley Orgánica de Competitividad Energética, con calificación de “urgente” en materia económica. En el oficio enviado el 20 de diciembre al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, el Primer Mandatario resaltó la importancia del proyecto de ley, por la “grave crisis energética de Ecuador que ha afectado el sistema productivo y económico”.
Desde el 27 de octubre de 2022, el país ha soportado racionamientos eléctricos, de entre dos y cuatro horas de duración. Aunque, por ahora, los cortes de luz están suspendidos hasta el 1 de enero de 2024.
El proyecto de ley, entre otras cosas, propone la creación de un Fondo de Eficiencia Energética para el financiamiento de distintas iniciativas, entre ellas: Campañas de ahorro energético Proyectos de sustitución de equipos, maquinarias y electrodomésticos.
Sistemas de gestión de energía. Programa de cogeneración en la industria nacional. Normalización y etiquetado de equipos que consumen energía. Este fondo contaría con asignación del Presupuesto General del Estado y financiamiento de cooperación internacional.
Algunas de las reformas que plantea el proyecto normativo, de 26 páginas, se refieren a temas como: Contratos autorregulados para compraventa de energía. Presupuesto para la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel).
Acciones de control de la Arconel sobre la gestión de las empresas eléctricas. Delegación a empresas privadas, en casos excepcionales, para el desarrollo de actividades del servicio público de energía eléctrica y del servicio de alumbrado público.
Deducción al Impuesto a la Renta (IR) por la disminución o ahorro en las facturas de consumo anual de energía eléctrica. Condonación de intereses derivados de deudas en el pago del servicio público de energía eléctrica y de alumbrado público.