El exvicepresidente Jorge Glas, quien desde el pasado 17 de diciembre se encuentra en la Embajada de México, en Quito, en calidad de «huésped» y a la espera de respuesta a su solicitud de asilo diplomático, tendrá este 27 de diciembre su audiencia de pre-libertad.
Glas, que estuvo cinco años y 4 meses en la cárcel por casos de corrupción, estaba en un régimen de «semi-libertad», a la espera de la audiencia de pre-libertad, inicialmente convocada para el pasado martes, cuando él ya estaba en la Embajada.
Finalmente, la audiencia tendrá lugar este miércoles a las 15h00 y Glas podrá comparecer de forma telemática.
El exvicepresidente había sido sentenciado a ocho años en un caso por cohecho, y a seis por asociación ilícita relacionada con el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, y su abogado subraya que ya ha cumplido el 60 % de la pena.
Al momento, Glas está a la espera de la respuesta de México a su solicitud de asilo, cursada el 20 de diciembre, tres días después de haber ingresado en la legación diplomática en momentos en que la Fiscalía lo requería para diligencias en las investigaciones en el denominado caso «Reconstrucción«.
No obstante, la Cancillería de Ecuador enfatizó el pasado viernes que no sería lícita una eventual concesión de asilo diplomático a Glas, quien fue vicepresidente en parte de los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, y advirtió que actuará con «absoluta firmeza» en caso de que se concrete.
Caso Reconstrucción
Este último caso investiga la supuesta malversación de fondos en el proceso de reconstrucción de la provincia de Manabí, tras el terremoto en 2016.
Según dijo la abogada de Glas, Sonia Vera, a EFE, en ese caso, a Glas lo acusan de presunto cohecho por el manejo de fondos públicos en la reconstrucción de Manabí: «Mi cliente nunca maneja fondos, era parte de una comisión que simplemente priorizaba los proyectos» y se dio prioridad a la construcción de un parque y una carretera, explicó.
La letrada sostiene que para la Fiscalía eso no debía hacerse al no corresponder a reconstrucción, pero Vera -quien presume que su defendido será llamado a juicio– asevera que los fondos destinados para Manabí contemplaban también la «reactivación productiva», y esas obras contribuyeron a ello.
Por otra parte, la investigación de Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de dinero público en beneficio de terceras personas naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto.
En 2019, Fiscalía recibió un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado, como parte de un examen especial a los contratos suscritos para la Construcción del Parque Las Vegas, ubicado en Portoviejo; y, la Construcción del proyecto tramo Acceso al Puerto de Manta, redondel del Imperio Colisa, cuyo financiamiento provino de los fondos de Ley de Solidaridad, que eran específicos para enfrentar las consecuencias de la catástrofe.