La recopilación de declaraciones en el caso Metástasis comenzó el 2 de enero de 2024. A partir de las 09:00 horas, se esperaba la comparecencia de cuatro individuos implicados en la investigación dirigida por la Fiscalía por presunta participación en delincuencia organizada.
Entre los convocados se encontraban Christian R., identificado por la Fiscalía como el abogado del fallecido narcotraficante Leandro Norero; Daniel S., quien ya había sido condenado por peculado en la venta de medicamentos; Xavier J., presunto administrador de los bienes de Norero; y Fabián C.
Desde la semana anterior, la Fiscalía había implementado medidas de seguridad significativas debido al riesgo que enfrentaba la titular de la entidad, Diana Salazar, en relación con el mismo caso que dio inicio a los operativos de detención y allanamiento el 13 de diciembre pasado.
En el edificio de la Fiscalía, se presentaron hoy los abogados de los distintos implicados, incluido Jaime Chárrez, quien forma parte de la defensa de Pablo R., exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad (SNAI). Chárrez afirmó que ejercerán su derecho a la defensa en la instrucción fiscal y colaborarán con la Fiscalía en lo necesario.
También estuvo presente el abogado de Alex P., quien indicó que su cliente no se acogerá a la cooperación eficaz. Añadió que él es el único responsable del caso y no ha sostenido reuniones con nadie para discutir dicha cooperación.
El caso Metástasis involucra a autoridades de la Judicatura, como Wilmán Terán, jueces, abogados y miembros de la Policía. El 13 de diciembre de 2023, se llevaron a cabo aproximadamente 75 allanamientos y se detuvieron a 31 personas. Inicialmente, se emitieron órdenes de captura para 38 individuos, pero siete de ellos, incluido Daniel S., no fueron detenidos.
El juez Felipe Córdova de la Corte Nacional de Justicia determinó que la instrucción fiscal para este caso tendrá una duración de 90 días. Durante este período, la Fiscalía recopilará los elementos necesarios para demostrar la presunta participación de los implicados en el delito de delincuencia organizada.