Los líderes del Partido Social Cristiano (PSC) y del correísmo, con quienes el Gobierno estableció un acuerdo al inicio de su mandato, expresaron críticas hacia la propuesta del presidente Daniel Noboa de incluir la posibilidad de reactivar los casinos en la consulta popular. La bancada de La 6 y aliados, en un comunicado, consideró que la mayoría de las 11 preguntas son “conceptualmente son importantes”, pero señaló que algunas son de índole legal y están en proceso en la Asamblea.
Afirmaron que, si bien fortalecer la seguridad es esencial, también es urgente abordar reformas constitucionales en otros ámbitos no contemplados en la propuesta de consulta de Noboa. Anunciaron que impulsarán un proyecto en la Asamblea relacionado con el trabajo por horas y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, entre otros aspectos.
Rafael Correa, expresidente, también criticó la propuesta, destacando que la pregunta 11 refleja la falta de comprensión de la situación, especialmente en lo que respecta al lavado de dinero en los casinos. Consideró la consulta como inoportuna y centrada en preguntas intrascendentes con fines políticos y de popularidad, cuestionando el gasto de USD 60 millones en ello, que podría dirigirse hacia la seguridad y la reactivación económica.
Jorge Peñafiel, desde la oposición, señaló que la propuesta de consulta contiene preguntas mal planteadas, sin contenido o inoficiosas. También destacó la omisión sobre el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía, ya aprobado por la Asamblea, y que deberá ir a referendo tras una enmienda impulsada por Guillermo Lasso.
Hasta el momento, la organización política de Guillermo Lasso, Creo, no ha emitido comentarios, y tampoco ha habido reacciones de organizaciones de la sociedad civil.
En una rueda de prensa, Alexander Levoyer, jefe de operaciones de las Fuerzas Armadas, expresó que la reforma propuesta facilitará el trabajo de los militares y reafirmó el compromiso de colaborar con la Policía. Se destaca que la consulta no aborda temas económicos, laborales ni cambios institucionales en organismos como el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y el Consejo de la Judicatura.