El país se encuentra en estado de excepción desde hace cuatro días, una medida que la población ecuatoriana ya conoce. No obstante, la novedad radica en la declaración adicional del presidente Daniel Noboa de un estado de conflicto armado interno.
Como respuesta a estas acciones, desde el 9 de enero de 2024, grupos criminales han desatado una ola de violencia y ataques terroristas que ha generado conmoción en la ciudadanía. Ante la militarización de la seguridad interna, el Gobierno ha adoptado un enfoque firme para recuperar el control, llegando al punto de desafiar a las bandas criminales a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas.
En medio de esta situación, el presidente Noboa busca mantener una contienda político-electoral. Para ello, ha remitido dos paquetes de preguntas a la Corte Constitucional: el primero para una consulta popular y el segundo, en parte, para un referendo. Esto coloca a los jueces constitucionales en el centro de las estrategias del Ejecutivo, quienes deben pronunciarse sobre la vigencia y validez de cuatro medidas: el estado de excepción, la declaratoria de conflicto armado interno, la consulta popular y el referendo.
La decisión de los magistrados determinará si tanto el conflicto armado como el proceso electoral avanzan simultáneamente. En otras palabras, las autoridades electorales podrían verse obligadas a convocar a los ecuatorianos a las urnas en medio de un estado de excepción.
En cuanto a los plazos legales, la revisión y pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre los decretos ejecutivos no tiene un plazo establecido, pero históricamente este análisis ha oscilado entre unos pocos días y varias semanas. Los días en que los magistrados evitaban pronunciarse sobre las acciones del Gobierno han quedado atrás desde 2018, ya que la Corte ha desempeñado un papel más activo incluso al cuestionar estados de excepción previos.
Mientras tanto, los 60 días del estado de excepción y sus efectos continúan en curso, y si la Corte respalda la medida, esta permanecerá vigente hasta el 13 de marzo, con la posibilidad de una extensión adicional por parte del Ejecutivo. Lo mismo ocurre con la propuesta de consulta popular y referendo, cuyos plazos indican que los ecuatorianos podrían votar en las últimas semanas de abril, siempre que se cumplan todos los procesos y trámites establecidos.
Sin embargo, las condiciones en las que se llevarían a cabo estas elecciones dependerán de la efectividad de las acciones gubernamentales y de las fuerzas del orden, ya que la finalización del marco temporal y legal del estado de excepción o del conflicto armado interno no garantiza necesariamente el fin de la crisis de seguridad.