La Comisión de Régimen Económico y Tributario está a la espera de las observaciones de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en relación con el proyecto de ley urgente para el ahorro y la monetización de recursos económicos destinados al financiamiento de la lucha contra la corrupción.
La presidenta de la mesa legislativa, Nathaly Farinango (ADN), expresó que planean aprobar el informe para el primer debate el domingo 28 de enero, pero antes esperarán las observaciones de la fiscal General del Estado, especialmente en lo que respecta a la reducción de plazos para la investigación patrimonial. La comisión tiene previsto reunirse este jueves a las 08:00 con ese propósito.
Farinango respaldó la propuesta del Ejecutivo, argumentando que busca transparentar la contratación pública y prevenir la salida de fondos para el lavado de activos. Además, en el ámbito de la extinción de dominio, propone reducir los plazos de doce a tres meses para el proceso de investigación patrimonial, facilitando así la recuperación de bienes ilícitos en favor de los ecuatorianos.
En relación con la extinción de dominio, la legisladora de ADN aclaró que la sentencia ejecutoriada debe aplicarse solo a la persona y no al patrimonio. Sin embargo, indicó que cualquier propuesta es susceptible de mejoras. Subrayó la importancia de que exista una sentencia ejecutoriada para poder extinguir los bienes, pero se está evaluando lo perfeccionable en la ley.
Farinango considera que también es necesario legislar en favor de aquellos perjudicados de buena fe que, desde actividades lícitas, adquieran bienes vinculados a algún delito sin tener conocimiento de ello. Aseguró que se buscará proteger a los perjudicados de buena fe, retiendo los bienes de origen ilícito, pero devolviendo el dinero a las personas que compraron dichos bienes ilícitos.
Se espera la comparecencia, el miércoles, del ministro de Economía, Juan Carlos Vega; de la Superintendenta de Bancos (s), Guadalupe Cabezas; Allan Sierra Nieto, Director de la UAFE; Mauricio Torres, Contralor General del Estado; Juan Carlos Larrea, Procurador General del Estado.