En una conferencia de prensa realizada en Quito el 25 de enero de 2024, tanto Yasunidos como la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) rechazaron firmemente cualquier posibilidad de posponer el cierre de las operaciones del bloque petrolero ITT por otro año. Según los resultados de la última consulta popular y el fallo de la Corte Constitucional (CC), el cese de actividades en ese bloque petrolero debe llevarse a cabo el 31 de agosto de 2024.
Pedro Bermeo, representante de Yasunidos, afirmó que si el presidente Noboa autoriza una prórroga de un año para seguir explotando el ITT, la Corte estaría obligada a destituirlo, y tomarán medidas legales al respecto. Ambas organizaciones sostienen que es contrario a la constitución no cerrar el ITT en agosto de 2024 y amenazan con acciones como la revocación del mandato y demandas internacionales, aunque por ahora no contemplan paros o movilizaciones. Se oponen al aumento del IVA pero respaldan la imposición de más impuestos a los bancos.
Leonidas Iza, líder de la Conaie, señaló que la moratoria no tiene base legal en Ecuador y que no la aceptarán, criticando cualquier intento oportunista de romper con la normativa del país. Bermeo enfatizó que, además de la revocación del mandato, tomarán medidas legales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si no se cumple el cierre del Bloque 43-ITT en un año. Aunque no se han mencionado paros ni movilizaciones por el momento, no se descartan dependiendo de cómo se desarrolle la situación.
Sin embargo, en los últimos días, tanto el presidente Daniel Noboa, al igual que diversos bloques legislativos, han impulsado la propuesta de buscar un mecanismo legal para aplicar una moratoria al cierre previsto porque el Estado se quedaría sin una importante fuente de ingresos y además no se cuenta con los suficientes recursos para desmontar toda la infraestructura y hacer la remediación ambiental.