Durante la primera discusión en la Asamblea Nacional sobre el proyecto de Ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno y la crisis social y económica, se tomó la decisión unánime de respaldar la resolución de la jueza Patricia Segarra, suspendiendo así el Concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional.
La sesión extraordinaria, con la participación de más de 120 legisladores, también contempló la revisión de las acciones vinculadas al mencionado concurso, especialmente los eventos relacionados con las pruebas de confianza.
El informe presentado para la primera fase del debate, aprobado en la Comisión de Desarrollo Económico, proponía un aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 13% de manera permanente, y de forma temporal en dos puntos porcentuales adicionales para los años 2024, 2025 y 2026.
Además de la propuesta presidencial, los legisladores consideraron otras alternativas para evitar el aumento del IVA. Entre las medidas sugeridas se incluyen un impuesto del 5% a las utilidades extraordinarias, un impuesto a las utilidades de los bancos, modificaciones en la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), y condiciones específicas para la devolución del IVA a ciertos grupos.
El incremento temporal del IVA, de aprobarse, generaría ingresos estimados en $1.306 millones anuales, con una recaudación de $1.071 millones a partir de marzo, según el informe de primer debate. Se destacó que este aumento se busca para financiar el conflicto armado interno contra Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) declarados terroristas, con un costo estimado de $1.020 millones, así como para cubrir deudas pendientes con gobiernos autónomos descentralizados, el Seguro Social (IESS) y proveedores, sumando $2.872 millones.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, señaló la necesidad de obtener entre $1.500 y $2.000 millones para enfrentar la crisis. Aunque se planteó el aumento del IVA, no se descartó la discusión de otras medidas como la focalización de subsidios de combustibles, refinanciamiento de deudas con gobiernos locales, emisión de bonos soberanos y la solicitud de extensión de la explotación del bloque 43 del Yasuní ITT por un año más.
En el transcurso del debate, la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) expresó su desacuerdo con el aumento de impuestos, presentando un informe de minoría. Sugirieron una contribución especial para sociedades domiciliadas en Ecuador, un aumento del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y la revisión de las condiciones de la deuda externa.
La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) propuso, en su informe de minoría, elevar el ISD al 6%, generar contribuciones tributarias para la banca, las farmacéuticas y mineras, así como implementar un impuesto a las fortunas superiores a $1 millón.
Hasta el momento, las bancadas del PSC, RC y PK suman 64 votos en contra de la iniciativa presidencial. La legisladora Fabiola Sanmartín (PK) propuso medidas adicionales, como un pago para instituciones financieras con utilidades superiores a $10 millones, un aumento al ISD del 3,5% al 6%, renegociación de contratos con telefónicas y impuestos especiales para grandes patrimonios.
El proyecto, al tratarse de una ley económica urgente, tiene un plazo de 30 días para recibir un pronunciamiento por parte de la legislatura, que concluiría el 12 de febrero. En caso contrario, entrará en vigor por ministerio de ley.