La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este viernes, en lo general, la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, un paquete de reformas también conocido como “ley ómnibus”, que es impulsado por el Gobierno del presidente electo Javier Milei.
La ley avanzó en una votación por mayoría, de 144 votos a favor y 109 en contra, tras un debate que se inició el miércoles. La discusión y votación en lo particular, sobre el detalle de los artículos, se retomará hasta el martes.
El bloque encabezado por La Libertad Avanza, el partido de Milei, consiguió los votos que necesitaba para lograr el aval después de retirar el capítulo fiscal del paquete de reformas. Ese apartado había generado polémica entre sectores políticos.
El capítulo fiscal incluía puntos como jubilaciones, retenciones y blanqueo de capitales. Además, el Gobierno dio marcha atrás a su plan de contemplar a la petrolera YPF entre las empresas estatales que podrían ser privatizadas y accedió a que otras instancias, como Arsat, de servicios satelitales, y el Banco de la Nación, solamente puedan ser privatizadas de forma “parcial”.
La próxima semana, tras la discusión y votación en lo particular, se conocerá el texto final y cómo quedan otros aspectos como los poderes extraordinarios para el Poder Ejecutivo. Con la “ley ómnibus”, el Gobierno de Milei busca instrumentar medidas que desregulen la economía, entre otros objetivos, con el argumento de que esto es necesario para que el país crezca y se ponga un alto a la inflación.
La ‘ley ómnibus’, es denominada así por su cantidad de artículos y la amplitud de las reformas que incluye- es la espina dorsal de las políticas que busca implementar en Argentina para sacar al país de su, como suele denominarla el Ejecutivo, “decadencia” actual. Con un 211,4 % de inflación anual, la más alta en todo el mundo en 2023, más de un 40 % de población en situación de pobreza y escasez de reservas en el Banco Central, Milei busca con esta ley que su Gobierno pueda disponer de facultades legislativas por, al menos, un año para acometer reformas sin necesidad de pasar por el Congreso.
Sin duda, la delegación de facultades es uno de los escollos para que este proyecto de ley salga adelante. De hecho, fue reduciéndose, durante la discusión en comisiones, y así, del texto inicial que contemplaba dos años prorrogables a cuatro, pasó a uno prorrogable a dos.
El proyecto, que inicialmente tenía 664 artículos, llega al pleno con 386, casi 300 menos, por las citadas conversaciones y tras la decisión del Ejecutivo de retirar el capítulo fiscal de reformas, uno de los más resistidos dentro de la iniciativa, fundamentalmente en la discusión con los gobernadores de las provincias.