La Asamblea Nacional, el 8 de febrero, aprobó el proyecto de ley urgente destinado al ahorro y la monetización de recursos económicos para financiar la lucha contra la corrupción. La decisión fue unánime, con 129 legisladores presentes, tras dos llamados debido a fallas técnicas en el sistema de votación. La propuesta incluye tres excepciones para iniciar la acción de extinción de dominio sin necesidad de una sentencia condenatoria ejecutoriada previa.
La presidenta de la Comisión de Régimen Económico y Régimen Tributario, Nathaly Farinango (ADN), explicó que la extinción de dominio no constituye una sanción ni ejerce el poder punitivo del Estado.
Se establecen excepciones cuando los bienes ilícitos pertenecen a grupos de delincuencia organizada designados por el Consejo de Seguridad Pública o las Naciones Unidas, o cuando los bienes injustificados están vinculados al crimen organizado, especialmente en delitos flagrantes.
La ley tiene como objetivo monetizar bienes provenientes de actos ilícitos, destinando los fondos a proyectos sociales, rehabilitación de jóvenes afectados por drogas y programas para restaurar la justicia social.
Se garantiza el respeto al debido proceso, incluyendo recursos de apelación, casación y revisión. También se contempla la posibilidad de utilizar la maquinaria de minería ilegal en mantenimiento vial y obras públicas.
En relación con las reformas a la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, se determina la incautación de armas, explosivos o accesorios utilizados en delitos flagrantes o cuya tenencia no está autorizada. Estos elementos serán remitidos a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para combatir el crimen organizado.
Se proyecta que, con esta ley, se disponga de $177 millones para ser monetizados. La legislación también incluye reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, estableciendo la creación de la Unidad Especializada Anti Lavado y otorgando al SERCOP la facultad de suspender procedimientos de contratación con vinculación o colusión para preservar la libre competencia y la transparencia.
La finalidad es combatir la corrupción en la contratación pública y agilizar los procesos de compra para obras y servicios necesarios para la seguridad y defensa interna del Estado. En resumen, esta ley urgente busca desmantelar el financiamiento de la delincuencia organizada, garantizando al mismo tiempo derechos fundamentales como el debido proceso y la propiedad adquirida lícitamente.