La Contraloría General del Estado impuso una sanción equivalente a 15 salarios básicos unificados al expresidente Guillermo Lasso, según informó el contralor Mauricio Torres durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea el 21 de febrero.
La multa de $6,900 se derivó del nombramiento de Sebastián Corral como secretario de la Administración Pública. La Contraloría determinó previamente que Corral no podía ocupar ese cargo debido a su condición de accionista en empresas con contratos estatales.
Además, la sanción para el exsecretario fue de 20 salarios, y la Contraloría remitió un informe con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía del Estado.
El contralor Torres expresó su preocupación por el tiempo que su antecesor, Carlos Riofrío, tardó en investigar la denuncia presentada por una asambleísta en mayo de 2023 sobre la designación de Corral.
Señaló: «Siendo de julio la verificación preliminar, se ordena el examen en octubre, nos damos cuenta de que existe bastante diferencia. La pregunta y lo raro es por qué si la denuncia fue en mayo, por qué el examen no se hizo a tiempo, inclusive podía haber alcanzado a una destitución».
Además de Lasso y Corral, otros funcionarios de la Presidencia también enfrentan sanciones. Se abrieron procesos administrativos contra quienes no alertaron sobre la designación del exsecretario a pesar de los impedimentos.
Estos fueron:
- Un director administrativo de Talento Humano.
- Un especialista en administración de Talento Humano.
- Un analista de Talento Humano 2.
- La secretaria general administrativa.
El excontralor Carlos Riofrío continúa trabajando en la Contraloría General de Estado, específicamente en el área de auditorías de la Vicepresidencia de la República. Además, se ha iniciado un examen sobre los patrimonios de siete funcionarios y exfuncionarios de la entidad, incluyendo a Riofrío y otros auditores.
Sin embargo, el contralor aclaró que estas sanciones forman parte de una etapa inicial y que el proceso aún está en curso, con la posibilidad de llegar al Tribunal Contencioso Administrativo como última instancia.