A pesar de los avances en el tema de seguridad y la falta de definiciones claras en el Plan Fénix, las medidas tomadas por el Gobierno se reciben de manera positiva, aunque se percibe que son insuficientes para lograr un cambio significativo en la situación del país. En una entrevista reciente, el presidente Daniel Noboa aseguró que desde su asunción el 23 de noviembre de 2023, el país sigue la senda correcta, enfatizando especialmente la implementación de una estrategia de seguridad de índole predominantemente militar.
Durante su campaña, el presidente priorizó diversas propuestas, entre las que se incluía abordar la inseguridad, fomentar el empleo juvenil, evitar aumentos de impuestos, elevar las pensiones jubilares y respetar la decisión ciudadana sobre la explotación del ITT. Sin embargo, algunas de estas propuestas han experimentado ajustes y correcciones a medida que el mandatario ha tomado conocimiento de la realidad gubernamental.
Por otro lado, la población ecuatoriana sigue mostrando interés en asuntos clave. Según la encuestadora Cedatos, la seguridad, el narcotráfico, la generación de empleo, la lucha contra la corrupción y la situación política continúan siendo las principales preocupaciones de la ciudadanía. Estos temas se plantean para su evaluación.
En estos primeros 90 días, se han identificado avances, asuntos pendientes y decisiones que requieren una revisión minuciosa para que el Gobierno Nacional pueda abordar de manera efectiva los problemas que preocupan a la ciudadanía ecuatoriana. El abogado y especialista en seguridad, Stalin Sacoto, señaló que llevar a cabo una evaluación técnica de los progresos del Gobierno en la lucha contra la inseguridad resulta “complejo”, ya que, transcurridos 90 días, aún no se conocen los detalles fundamentales del Plan Fénix y las políticas de seguridad.
“Hacer el análisis de los tres primeros meses de Gobierno del presidente Noboa es algo complicado porque del plan de seguridad, solamente se conoce el nombre, pero no su contenido, ni cuáles son sus objetivos y estrategias. Esto es una debilidad”, afirmó Stalin Sacoto, destacando que, además del nombre del Plan Fénix, lo poco que se ha revelado incluye el suministro de equipo moderno para los cuerpos de seguridad, el fortalecimiento de las unidades de inteligencia y la construcción de nuevas cárceles.
En cuanto a las medidas implementadas por el Gobierno, se destaca la declaración del estado de excepción. “Se identificaron a los grupos de delincuencia organizada y los declararon como terroristas. Además, se ha proporcionado equipamiento para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas”, detalló. Sacoto añadió que el Gobierno ha iniciado la reestructuración de los ministerios encargados de la seguridad, tras la eliminación de la Secretaría de Seguridad Pública y Del Estado, cuyas funciones fueron transferidas a los ministerios del Interior y Defensa. Subrayó que, aunque los resultados actuales son positivos, esto cambiará una vez que concluya el estado de excepción. Enfatizó la importancia de que la sociedad respalde cualquier acción que contribuya a crear un entorno seguro, más allá de la figura del presidente Noboa.
Frente al desafío del narcotráfico, la periodista y escritora Mónica Almeida concuerda con la importancia de realizar una nueva evaluación de la situación del país al concluir el Estado de excepción, coincidiendo en este punto con Stalin Sacoto. Sin embargo, enfatiza que “en realidad, los militares ya tenían planificado eso, porque no es que de un momento a otro salió. Cuando el conflicto escaló, se decidió aplicar una medida extrema, que por el momento ha funcionado”. A pesar de este impacto positivo, advierte sobre un desafío inminente para el Gobierno: el respeto a los derechos humanos. Según las cifras proporcionadas por el propio Ejecutivo, se han registrado 8 muertes y 9.473 detenciones. Almeida expresa su preocupación al señalar: “Si estos 9.473 detenidos terminan abarrotando las cárceles, donde sabemos que debes unirte a una banda para estar protegido, el problema no se resolverá”.
La periodista independiente también destaca como una debilidad del Gobierno el desempeño de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). “Ojalá se presenten los resultados del trabajo de inteligencia financiera, porque una de las críticas que se hace a la UAFE es que esos informes no enfocan su trabajo a descubrir lavado de dinero relacionado con el narcotráfico”.
Almeida resaltó que “el narcotráfico es un enemigo constante, no concede tregua, ya que se basa en la inmensa riqueza que genera”. Asimismo, añadió que “Ecuador está enfrentando un desafío significativo, pero no está solo en esta lucha, ya que varios países latinoamericanos comparten el mismo problema, y es necesario intentar romper este círculo vicioso”.
La comunicadora hizo un llamado a la ciudadanía para que sea “más consciente de todos los peligros de esta guerra, y que la gente comprenda que si estas actividades ilícitas y este flujo de dinero continúan sin control, eventualmente corroerán al país”.
En el ámbito de la corrupción, el académico y exsecretario anticorrupción, Luis Verdesoto, evaluó los primeros 90 días del gobierno de Daniel Noboa, señalando avances notables en la lucha contra la corrupción. Destacó especialmente la reconfiguración del marco jurídico de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), eliminando todas sus bases legales, como respuesta a prácticas corruptas que se originaron en la presidencia de Rafael Correa, continuaron en la administración de Lenín Moreno y se perfeccionaron con Guillermo Lasso.
En su análisis, Verdesoto indicó que aún es necesario avanzar en la consolidación de sistemas de prevención, lucha y auditoría forense en cada una de las empresas públicas, considerando que la reducción del número de estas facilitaría esta tarea.
Resaltó la urgencia de realizar un proceso de auditoría financiera y forense en la empresa petrolera estatal, así como en CNEL y Celec, identificando esta tarea como un punto crucial pendiente en el país.
En una nota positiva, destacó que no se han registrado incidentes de obstrucción en las investigaciones y acciones emprendidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Contraloría General del Estado (CGE) hasta el momento, interpretando esto como una disposición efectiva para la lucha contra la corrupción.
En cuanto a sus recomendaciones, Verdesoto aconsejó al Gobierno evitar el hermetismo en la gestión de ciertos temas y enfatizó que la transparencia mejoraría si el Gobierno informara a la opinión pública sobre las medidas de prevención de la corrupción y los logros alcanzados.
En relación con las medidas para estimular la creación de empleo, Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal, evaluó que en los primeros 90 días de la administración de Daniel Noboa se han presentado propuestas positivas en este ámbito y para mejorar la inversión en el país. No obstante, Carrera enfatizó que estas iniciativas necesitan un entorno propicio para su materialización, ya que la generación de empleo está directamente vinculada a la inversión y a un ambiente favorable para invertir.
Carrera subrayó que actualmente, Ecuador enfrenta dificultades para contar con un entorno amigable para la inversión debido al desajuste fiscal, la inviabilidad de las cuentas públicas y la inseguridad jurídica y ciudadana. En su análisis, resaltó que la inviabilidad fiscal introduce un elemento negativo fundamental en cualquier esfuerzo por generar empleo. Asimismo, señaló que la inseguridad también constituye una amenaza para la inversión.
En cuanto a la legislación para impulsar la generación de empleo, Carrera indicó que enfrenta obstáculos debido a la falta de seguridad jurídica y a la inviabilidad institucional del Estado. Destacó la necesidad de que Ecuador realice esfuerzos significativos para atraer inversiones extranjeras y mejorar su competitividad a nivel global.
El economista resaltó la importancia de actualizar el Código Laboral en el país y consideró que la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente constituye solo un primer y débil paso en un extenso camino hacia la generación de empleo. Carrera hizo hincapié en la necesidad de un acuerdo nacional en la sociedad ecuatoriana, subrayando la importancia de comprender que la generación de riqueza, el crecimiento sostenido y la responsabilidad fiscal son elementos cruciales para la transformación de Ecuador. Enfatizó que un cambio de conducta en la sociedad es esencial para alcanzar estos objetivos.
En relación al pacto con el correísmo, Pablo Guerrero Martínez, jurista y académico, hizo hincapié en que el primer trimestre se desarrolla en medio de un conflicto armado interno, acaparando la atención ciudadana en temas de seguridad y la lucha contra el crimen organizado. Para la población, lo demás se convierte en un simple discurso político, ya que su preocupación no recae en la agenda legislativa del Parlamento, sino en la evolución del conflicto armado interno. Destacó la marcada discrepancia entre la percepción ciudadana y la clase política, la cual busca mantener un pacto y espera el momento adecuado para encontrar un recurso legal que permita el retorno del fugitivo de la justicia, Rafael Correa.
Un ejemplo ilustrativo de esta dinámica tuvo lugar el 22 de febrero de 2024 durante la discusión de la reforma al Código Orgánico Procesal Penal (COIP), la cual fue suspendida por falta de quórum en el Parlamento. Guerrero también señaló que en estos primeros 90 días, el Gobierno no ha abordado asuntos fundamentales, como la recuperación y rehabilitación más allá del ámbito bélico, centrándose en la necesidad de construir una unidad nacional.
El académico resaltó la importancia de reconstruir tanto la personalidad histórica como jurídica del país. Hizo hincapié en que la justicia contribuye negativamente a la crisis de la inseguridad y al problema del narcotráfico, evidenciando gestos considerados inútiles y actos dramáticos y políticos carentes de efectividad.
Guerrero enfatizó que si el conflicto armado interno se convierte en la carta de presentación del Gobierno, esto podría volverse en su contra debido a una justicia corrupta y un sistema legal propenso a la delincuencia. Advirtió sobre las posibles consecuencias de que el Gobierno persista en mantener un pacto con el correísmo, indicando que este acuerdo, supeditado a la impunidad de partidos políticos anteriores como la Revolución Ciudadana, podría ocasionar un perjuicio considerable al propio Gobierno.