La Corte Constitucional de Ecuador, en una sentencia emitida el 29 de febrero de 2024, ha prohibido la utilización de medidas cautelares o la desnaturalización del habeas corpus como medio para eludir la ejecución de sentencias condenatorias ejecutoriadas. Esta decisión revoca las medidas otorgadas a 23 personas, incluyendo el caso del exvicepresidente Jorge Glas, que cumplían condenas firmes.
El organismo establece: «Las medidas cautelares constitucionales solicitadas por las personas privadas de la libertad son improcedentes cuando tienen como pretensión interrumpir los efectos de sentencias penales y recuperar de manera ilegítima la libertad, y contravienen el artículo 27 inciso tercero de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC). Este tipo de peticiones debe ser rechazado de plano».
La Corte sostiene que las medidas cautelares destinadas a interrumpir la ejecución de sentencias penales carecen de apariencia de buen derecho al contradecir su objeto y naturaleza jurídica. También señala que los efectos inter comunis no son aplicables a las medidas cautelares constitucionales.
En cuanto a la competencia territorial para resolver estas medidas, la Corte establece: «el juez competente en razón del territorio para resolver una medida cautelar constitucional autónoma será aquel del lugar en el que se origina, por acción u omisión, la amenaza de vulneración a derechos constitucionales o donde se producirían sus efectos».
En caso de haberse concedido medidas cautelares improcedentes, el recurso de revocatoria es el mecanismo más efectivo para invalidarlas rápidamente. La Corte enfatiza: «no cabe transformar una medida cautelar constitucional autónoma en una acción de hábeas corpus».
La sentencia aborda un caso específico relacionado con la liberación del exvicepresidente Jorge Glas, dictaminada por el juez Emerson Curipallo el 28 de noviembre de 2022. Este juez ordenó la libertad de Glas y medidas alternativas a la prisión, basándose en la vulneración de sus derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso. La Corte remite los expedientes a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura para evaluar posibles sanciones contra los jueces y abogados involucrados. La decisión de la Corte se ha tomado por unanimidad.