En el marco del caso Purga, la Fiscalía ha ordenado una investigación de las publicaciones realizadas en redes sociales, específicamente en la plataforma X. Se centra en 11 publicaciones, incluyendo las cuentas personales de Pablo Muentes, exasambleísta, y Henry Kronfle, presidente de la asamblea. Esta medida surge mientras se convoca a 13 personas, entre ellas María Josefa Coronel, exdirectora del Consejo de la Judicatura en Guayas.
Peritos forenses de criminalística serán responsables de analizar la información contenida en las cuentas mencionadas, así como en la cuenta «jaimeveliz86», que ha compartido detalles sobre un presunto caso de tráfico de tierras, vinculando a Muentes como asesor de Kronfle. Esta publicación se basa en un reportaje de Guillermo Lizarzaburo, que describe una transacción denunciada por el excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
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Además de estas cuentas, se tenía previsto investigar otras cuentas que Mayra Salazar habría utilizado por instrucciones de Muentes, pero estas ya han sido eliminadas. Esta investigación busca aportar nueva evidencia para esclarecer el caso y determinar posibles responsabilidades adicionales.
Quedan 60 días pendientes en la fase de instrucción del caso Purga. La Fiscalía ha citado a declarar a 13 individuos, entre ellos María Josefa Coronel, exdirectora del Consejo de la Judicatura en Guayas. Según el testimonio de Salazar, hubo desacuerdos con Pablo Muentes, ya que durante su gestión no permitió actividades ilícitas relacionadas con contratos de limpieza.
También están convocados jueces, personal judicial y el hijo de la ex presidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo, actualmente detenida en la prisión de Cotopaxi. Salazar mencionó que Gallardo solicitó a Daniel Salcedo que sacara a su hijo para que socializara más, llevándolo a un lugar conocido como el Spa. Allí, tuvo un encuentro con alias Samir, líder de una facción de la banda criminal Los Choneros.
La fase de instrucción del caso Purga está a punto de cumplir un mes. Tanto la Fiscalía como los acusados tienen aún un plazo de 60 días para recopilar pruebas a favor y en contra.
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