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Rafael Correa reacciona a la denuncia por traición a la patria en su contra

by Ecuador En Directo

La ministra de Trabajo de Ecuador, Ivonne Núñez, presentó una denuncia por traición a la patria contra el expresidente Rafael Correa el jueves 11 de abril. Núñez actuó a título personal, argumentando que las declaraciones de Correa sobre el asalto a la Embajada de México podrían constituir un motivo de declaración de guerra.

La denuncia, obtenida por EFE, pide que se investigue a Correa por especular en entrevistas sobre las posibles represalias de un gobierno cuya embajada haya sido invadida, similar al incidente en la sede diplomática mexicana en Quito tras el asilo concedido a Glas.

Tras conocer la denuncia, Correa arremetió contra el Gobierno, expresando su indignación en su perfil de la red social X, que reside en Bélgica como refugiado político, alegando ser víctima de ‘lawfare’ (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos), al igual que Glas.

En sus declaraciones públicas, ha instado a la comunidad internacional a presionar al Gobierno de Noboa, argumentando que la detención de Glas, quien pesaba una orden de captura para su reingreso en prisión, constituye un “secuestro” al ser detenido pese a tener estatus de asilado.

Correa ha afirmado que el incidente en la Embajada de México es un ‘casus belli’ (causa de guerra) y destacó la diferencia de reacción que podría haber ocurrido si hubiera sido Estados Unidos en lugar de México. En una entrevista mencionada en la denuncia de la ministra, Correa expresó: “Es primera vez en la historia que sin consentimiento del Gobierno se entra a una sede diplomática, que es suelo extranjero.

Eso es un ‘casus belli’, es un motivo de guerra”. Además, advirtió sobre las posibles consecuencias económicas, señalando que México, como la segunda economía de América Latina, podría bloquear el puerto de Guayaquil, responsable del 80 % del comercio internacional de Ecuador, lo que llevaría a la quiebra en dos meses.

Para Núñez, esto “no sólo constituye un delito de calumnia por la falsa imputación de delitos, sino que en su conjunto, también crea una situación de pánico entre la población ecuatoriana, que independientemente de si esta es civil o militar, ahora se encuentra temerosa de una posible guerra y repercusiones en el ámbito económico, mediante sanciones internacionales”.

“Las manifestaciones sobre una guerra, incitando y dando a entender sobre el cierre del puerto de Guayaquil, fomentado cualquier forma de que México reprima a Ecuador, y demás expresiones del denunciado, deben ser excluidas del amparo del derecho a la libertad de expresión y sancionarse como lo que son, delitos en contra del orden público”, afirmó.

Incluso la ministra de Trabajo señaló que la Convención Americana de Derechos Humanos establece límites a la libertad de expresión, como la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas.

No obstante, Núñez subraya que el delito de traición a la patria, según el artículo 353.11 del Código Orgánico Integral Penal, no puede ser juzgado en ausencia y conlleva penas de entre 10 y 13 años de prisión. Además, en su denuncia, pide la suspensión de las cuentas de redes sociales de Correa.

ASALTO A LA EMBAJADA

La incursión policial en la Embajada de México provocó la ruptura de relaciones entre Ecuador y México, así como una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por parte del Gobierno mexicano, argumentando una violación del derecho internacional y la soberanía.

Para el Gobierno de Noboa, Jorge Glas no podía recibir asilo debido a su imputación por presunta malversación de fondos en el caso de la reconstrucción de Manabí, la provincia más afectada por el terremoto de 2016 en Ecuador.

Además, Jorge Glas debía regresar a prisión para completar una sentencia de ocho años por cohecho en el caso Sobornos, donde también fue condenado Rafael Correa, así como por asociación ilícita en el caso Odebrecht, tras haber cumplido cerca de cinco años de su condena entre 2017 y 2022.

Glas, exvicepresidente durante el gobierno de Correa y en el inicio del mandato de Lenín Moreno (2017 – 2021), fue liberado provisionalmente mediante una controvertida decisión judicial, a la espera de obtener el beneficio de la prelibertad, el cual le fue denegado por el sistema judicial.

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