El exministro del correísmo, Walter Solís, recibió orden de prisión preventiva dentro del caso Reconstrucción de Manabí, por presunto delito de peculado, relacionados con recursos para la reconstrucción tras el terremoto de abril de 2016. Solís, quien también está siendo investigado por el caso Sobornos 2012-2016 y actualmente se encuentra prófugo en México en calidad de refugiado, es uno de los seis nuevos implicados en este caso.
En la audiencia del viernes 12 de abril, el juez ordenó solicitar a Interpol la localización y captura internacional del exfuncionario del Gobierno de Rafael Correa. Y también se instruyó a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia que inicie el proceso de extradición desde México.
A los otros cinco nuevos implicados, se les impuso la medida de presentaciones periódicas. Entre ellos se encuentran Boris Sebastián C., exministro de Transporte y Obras Públicas; Franklin José B. y Omar Wilfrido Ch., exsubsecretarios zonales del MTOP; y Víctor Salvador J., exdirector de Inmobiliar. En la audiencia también se evaluó la situación de Milton Daniel M., exdirector del Secob, quien se encuentra fuera del país, y se determinó que deberá presentarse periódicamente una vez al mes.
Además, la Fiscalía informó que el juez ordenó la retención, inmovilización y congelamiento de las cuentas e inversiones que los procesados tengan en el sistema financiero nacional, así como la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los nuevos implicados.
En este caso, también están siendo procesados el exvicepresidente de la República Jorge Glas, quien ocupaba la presidencia del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, junto con Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité, y Pablo O., exgerente general de la Empresa Pública Ecuador Estratégico. Tanto Glas como Bernal fueron sometidos a prisión preventiva en enero de este año.
En la audiencia del viernes, el fiscal subrogante Wilson Toainga presentó 33 elementos de convicción. Destacó que, mediante la Ley de Solidaridad promulgada en 2016, se logró recaudar más de $1.614 millones destinados a obras de reconstrucción y reactivación económica en las zonas afectadas.
Se dieron prioridad a 584 proyectos ejecutados por la empresa pública Ecuador Estratégico, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Inmobiliar y Secob, por más de $367 millones. Sin embargo, según la teoría fiscal, varios de estos proyectos no guardaban relación con el objeto de la Ley ni respondían a la emergencia provocada por el terremoto.
«Se presume que esto implicó un abuso de fondos públicos en beneficio de terceros, tanto de personas naturales como jurídicas, que actuaron como contratistas y fiscalizadores de los contratos suscritos» , informó la Fiscalía en un comunicado.
El Ministerio Público sostiene que los sospechosos tomaron decisiones para ejecutar las obras que no tenían relación con la emergencia, sino que eran proyectos anteriores al terremoto.