La Contraloría General del Estado ha confirmado el impedimento del asambleísta Patricio Chávez para ocupar cargos públicos, basándose en un examen especial que estableció su responsabilidad administrativa mientras ejercía como delegado ante el directorio de Petroecuador.
Según la Contraloría, durante su gestión entre diciembre de 2015 y marzo de 2016, Chávez autorizó un crédito de USD 970 millones entre el Banco Industrial y Comercial de China y Petroecuador, con garantía soberana del estado ecuatoriano. Esta acción, que debía ser competencia exclusiva del Ministerio de Finanzas, no contó con la debida suscripción de un convenio de restitución, lo que puso en riesgo la recuperación de recursos en caso de incumplimiento.
La Dirección Nacional de Responsabilidades emitió una multa y orden de destitución contra Chávez en septiembre de 2018, decisión que fue ratificada en febrero de 2024 tras una impugnación presentada por el asambleísta en diciembre de 2022.
A pesar de presentar un recurso de casación en marzo de 2024 para suspender los efectos de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, la falta de solicitud oportuna de la caución hizo que la sentencia quedara en firme.
La Contraloría ha remitido la documentación al Ministerio de Trabajo para que proceda según lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.
Es importante destacar que la Contraloría ha asegurado que este acto no constituye ningún tipo de persecución, sino que forma parte de sus competencias legales y constitucionales.
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