La Corte Nacional de Justicia autorizó a la Fiscalía General del Estado, examinar la información contenida en los dispositivos electrónicos del exvicepresidente, Jorge Glas. Estos dispositivos fueron confiscados en la Embajada mexicana en Quito el 5 de abril.
La autorización fue emitida por el juez nacional Julio César Inga de la Sala Especializada de lo Penal el 12 de abril, durante la reinstalación de la audiencia. La audiencia comenzó a las 17:00 del jueves y se suspendió en la madrugada del viernes después de doce horas de procedimientos, durante las cuales se presentaron argumentos, pruebas y se tomó el testimonio de Jorge Glas. También intervino la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Esta solicitud fue presentada por el fiscal subrogante Wilson Toainga.
Los tres dispositivos pertenecientes a Glas fueron registrados con cadena de custodia en el Centro de Acopio de Indicios y Evidencias del Distrito Metropolitano de Quito. Según el documento de la Función Judicial, todos los dispositivos son de la marca Apple, y uno de los teléfonos celulares carece de número de serie.
La pericia se llevará a cabo en el contexto del caso Reconstrucción de Manabí, donde se investiga un presunto delito de peculado. Esta medida permite la extracción, análisis, materialización y transcripción de la información almacenada en una tablet y dos teléfonos inteligentes incautados durante su captura.
Por otro lado, aunque el tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) revisó el recurso de habeas corpus presentado a favor del exvicepresidente, concluyó que su detención fue «ilegal y arbitraria», Jorge Glas no será liberado de La Roca y permanecerá en prisión.
El tribunal encabezado por los jueces Mónica Heredia (ponente), Liz Barrera y Adrián Rojas aceptó el recurso de habeas corpus presentado. Aunque determinaron que la detención de Jorge Glas fue ilegal y arbitraria, y que se violó su derecho a la libertad personal, no ordenaron su liberación. Esto se debe a que el exvicepresidente aún tiene sentencias condenatorias pendientes, las cuales no pueden ser modificadas por el tribunal.
Rafael Correa confirmó que se llevará a cabo el procedimiento de análisis de los dispositivos electrónicos. Sin embargo, cuestionó la premura de la Fiscalía para realizar esta acción. En su cuenta de la red social X, el expresidente escribió: «Fiscalía ha ordenado explotación pericial de los celulares y tablet de Jorge Glas, pese a que fueron obtenidos ilegalmente».
El exmandatario afirmó que todas estas acciones buscan generar un nuevo «escándalo» antes de la consulta del 21 de abril. Además, advirtió: «¡A estar preparados y no olvidar los ‘escándalos’ que inventaron en anteriores elecciones!».
GLAS EN PRISIÓN
El viernes 12 de abril de 2024, un tribunal ecuatoriano declaró la detención de Glas en la Embajada de México como «ilegal» y «arbitraria», luego de que esta fuera asaltada por la Policía. A pesar de ello, decidió mantenerlo en prisión debido a dos condenas previas que aún están vigentes.
El tribunal determinó que los derechos de Glas fueron violados ya que el Estado ecuatoriano no siguió el procedimiento establecido en la normativa nacional para el allanamiento de misiones diplomáticas.
Según el Gobierno ecuatoriano, el asilo otorgado a Glas es considerado ilegal y está en contradicción con la Convención de Asilo Diplomático, la cual establece que las personas procesadas en la justicia ordinaria por delitos comunes no pueden recibir este beneficio.
En 2022, Glas fue liberado de la cárcel sin cumplir completamente las condenas pendientes debido a una controvertida resolución judicial sobre medidas cautelares.
En 2017, el exvicepresidente fue sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht, y en 2020 recibió una condena de ocho años por cohecho en el caso Sobornos, relacionado con la financiación irregular del movimiento político correísta, en el cual también fue condenado el expresidente Correa.
Glas había intentado consolidar ambas penas para cumplir únicamente la de ocho años y buscaba el beneficio penitenciario de la prelibertad para evitar regresar a prisión, considerando que había cumplido la mayor parte de la pena, después de haber estado encarcelado casi cinco años entre 2017 y 2022. Sin embargo, su solicitud fue rechazada.
Sin embargo, Glas fue arrestado debido a una orden de prisión preventiva en el marco del caso Reconstrucción de Manabí, surgido tras el terremoto de 2016. En este caso, está acusado de presunto peculado, lo que podría acarrearle una condena de entre 10 y 13 años de prisión.