En lo que va del año, 18 menores de edad han sido detenidos por cargos de asesinato, lo que ha generado preocupación entre expertos, quienes señalan el abandono estatal como una de las principales causas detrás de la participación de jóvenes en delitos.
La sociedad ha sido sacudida por las impactantes imágenes del crimen del conductor de autobús en Guayaquil. La noche del 15 de abril de 2024, un video capturó el momento de terror en el que un conductor fue brutalmente atacado durante un violento robo en un suburbio de la ciudad.
En las imágenes, se observa cómo un menor de 14 años intenta repetidamente asesinar a la víctima, sin que los ruegos de la hija del conductor ni los fallos con su arma lo disuadan de cometer el acto.
Este incidente pone de manifiesto un patrón preocupante en la participación de jóvenes en crímenes, que lamentablemente no es nuevo. Cada vez es más común que los jóvenes estén implicados en sicariatos, extorsiones y ataques armados, e incluso lideren bandas narcodelictivas.
Expertos consultados por Ecuavisa.com expresan su inquietud por el aumento de estos casos y señalan el abandono estatal como una de las causas fundamentales detrás de la participación de los jóvenes en actividades delictivas.
Menores involucrados en el crimen: Víctimas y victimarios
Para comprender la escalofriante naturaleza del crimen perpetrado por un menor de 14 años y su aparente falta de empatía hacia la vida humana, Javier Gutiérrez, sociólogo y director de Alianza Noruega, sugiere retroceder en el tiempo hasta los primeros indicios de violencia perpetrada por menores.
Gutiérrez recuerda que entre 2013 y 2019, los barrios más vulnerables de Guayaquil ya eran considerados peligrosos, aunque la situación actual es aún más alarmante. Este sociólogo vivió de cerca esta realidad a través de su trabajo en una organización internacional que ejecuta proyectos sociales de prevención de violencia en estas zonas vulnerables.
Sin embargo, la situación se ha agravado desde finales de 2020 y principios de 2021. Según Gutiérrez, la pandemia exacerbó la violencia, coincidiendo con un aumento en la deserción escolar que dejó a 90,000 jóvenes y niños fuera del sistema educativo, según Unicef.
El sociólogo señala que grupos armados comenzaron a reclutar a jóvenes, incluso niños de tan solo 11 años, quienes ahora portan armas. Explica que el ciclo delictivo comienza con los narcotraficantes alentar a los jóvenes a convertirse en consumidores, ya que luego necesitarán dinero para adquirir drogas. Esto los obliga a vender drogas para obtener ingresos. Según Gutiérrez, para ascender en la organización criminal, los adolescentes deben demostrar su valía cometiendo actos violentos, como amenazas y asesinatos.
“Es alarmante el nivel de descomposición al que hemos llegado en términos de la vulnerabilidad de estos jóvenes frente a grupos organizados, que los reclutan, los entrenan, los amenazan y finalmente los absorben”.
El menor de 14 años y otro joven de 24 años fueron detenidos por su presunta participación en asaltos y robos a mano armada en autobuses de transporte público de la línea número 45, según el comandante de Policía de la Zona 8, Víctor Herrera. Aunque no se ha confirmado su pertenencia a una banda criminal, este incidente destaca varios factores que alimentan la delincuencia juvenil.
Javier Gutiérrez, sociólogo y director de Alianza Noruega, sugiere que el incremento de la violencia entre los jóvenes se debe a la falta de oportunidades, el abandono estatal y la desestructuración familiar. Según él, los grupos armados están reclutando incluso a niños de tan solo 11 años, y muchos jóvenes se ven obligados a entrar en el ciclo criminal para obtener dinero a través de la venta de drogas.
La doctora psiquiatra Julieta Sagnay agrega que este fenómeno es resultado de una generación que ha estado involucrada en el microtráfico, tanto como vendedores como consumidores de drogas. Advierte que muchos padres han normalizado estos actos desde los cimientos de sus hogares, lo que podría empeorar la situación en el futuro cercano.
“La psicopatía y su vinculación con la criminalidad en este país es transgeneracional y no va a mejorar. El tipo de criminal que está surgiendo está siendo moldeado por sus propios padres”.
Martha Espinoza, psicóloga en la Fundación Juconi, enfatiza que es inevitable que los menores que crecen en entornos violentos desarrollen personalidades peligrosas: “El niño que ve matanzas aprende a matar (…) Los niños hace décadas que piden gritos de auxilio”. Espinoza destaca que el problema es sistémico y que los más vulnerables son los menores de edad, ya que las bandas encuentran terreno fértil en aquellos con mayores necesidades económicas, de pertenencia y afecto.
La psiquiatra Julieta Sagnay considera posible la rehabilitación de un joven que ha cometido homicidios, ya que aún no ha completado el desarrollo de su personalidad ni su neurodesarrollo. Sin embargo, señala que el tratamiento debe ser integral y contar con múltiples factores de protección.
Por otro lado, el sociólogo Javier Gutiérrez plantea que, aunque existen etapas para orientar a los jóvenes, aquellos que han alcanzado ciertos niveles de violencia ya no están en condiciones de reintegrarse a la sociedad.
Según datos del Ministerio del Interior, hasta marzo de este año, el número total de adolescentes con medidas socioeducativas privativas de libertad en los Centros de Adolescentes Infractores (CAI) a nivel nacional asciende a 254, todos menores de 17 años. De ellos, 18 fueron detenidos por asesinato.
La primera reacción ante estos casos suele ser abogar por penas más duras. El comandante Herrera, durante la rueda de prensa, hizo un llamado para cambiar la legislación, en particular, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia: “Se los juzgue no por la edad, sino por el nivel de violencia de estas personas”.
Sin embargo, para Gutiérrez, endurecer las penas y militarizar los barrios no aborda el problema de raíz. Hasta ahora, la estrategia del gobierno de Daniel Noboa ha sido movilizar militares, con poca atención a las políticas sociales.
El sociólogo propone implementar programas que generen experiencias positivas y se centren en comunidades específicas para recuperar el territorio perdido. Además, destaca la importancia de invertir en actividades culturales y académicas que involucren a los jóvenes, tomando como referencia casos exitosos como en Medellín, Colombia.
En este contexto, los expertos hacen un llamado al Estado para que declare en emergencia la situación de los jóvenes, pero también a la sociedad, ya que aseguran que los casos no cesarán si no se toman medidas.
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