En medio de una serie de cortes de energía a nivel nacional provocados por una situación crítica en las centrales hidroeléctricas del país, las Fuerzas Armadas fueron desplegadas en estos lugares estratégicos para realizar labores de vigilancia. Los cortes diarios en el suministro eléctrico, que comenzaron el domingo pasado y se han prolongado hasta nueve horas en grandes ciudades como Quito, se atribuyen no solo a la prolongada sequía y el aumento de las temperaturas, sino también a un presunto acto de sabotaje denunciado por el Estado.
Según la versión oficial del gobierno de Daniel Noboa, 21 empleados y ex empleados del sector eléctrico habrían ocultado información sobre el estado de estas centrales y habrían manipulado las compuertas de la hidroeléctrica de Mazar para drenar el embalse. Todo esto ocurre en el contexto de la campaña para la consulta popular del domingo 21 de abril. Las acusaciones también apuntan a la exministra Andrea Arrobo, a quien el presidente solicitó su renuncia el martes 16 de abril, siendo reemplazada por el actual titular de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luques. Los 21 acusados, incluyendo a Arrobo, enfrentan cargos por presunta paralización de un servicio público y traición a la patria. La denuncia fue presentada por la Secretaría General de Administración Pública el jueves.
Según esta denuncia, la entonces ministra habría ignorado deliberadamente las advertencias y alertas de la CENACE, el operador nacional de electricidad, con el fin de evitar que la gravedad de la situación fuera conocida y se tomaran las medidas necesarias a tiempo. Se sugiere la existencia de motivaciones delictivas con fines políticos.