Este domingo 28 de abril de 2024, abogados mexicanos interpusieron una denuncia penal ante la fiscalía general de la República (FGR) contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y otras autoridades ecuatorianas por el violento allanamiento a la embajada de México en Quito ocurrido el 5 de abril.
Durante una rueda de prensa, los abogados afirmaron que Noboa debería ser investigado y sancionado por ordenar el allanamiento de la sede diplomática, la violencia ejercida contra los funcionarios de la embajada, y por la detención y secuestro del exvicepresidente Jorge Glas (2013-2017), quien desde diciembre buscaba asilo en dicha embajada.
Además, acusaron a las autoridades ecuatorianas de causar lesiones y realizar detenciones ilegales a funcionarios mexicanos, así como de espionaje y hostigamiento hacia la embajada y por los daños causados.
Raúl Armando Jiménez Vázquez, profesor de Derecho Penal Internacional de la UNAM, explicó que la FGR tiene jurisdicción para investigar estos hechos ya que el Código Penal Federal considera como cometidos en territorio nacional aquellos delitos que involucren a mexicanos o extranjeros dentro de embajadas y delegaciones de México. Señaló también que la FGR tiene las capacidades para investigar, perseguir, procesar y sancionar los crímenes estipulados en el Código Federal y los instrumentos aplicables del Derecho Internacional Convencional.
El catedrático mencionó que en el caso de la ministra de Gobierno de Ecuador, Mónica Palencia, quien es mexicana por nacimiento, podría enfrentarse a cargos de traición a la patria, además de otros posibles delitos relacionados con la intervención ilegal de las comunicaciones de la Embajada de México y hostigamiento.
Los denunciantes también señalaron la existencia de otros posibles delitos como motín, terrorismo internacional, asociación delictuosa, allanamiento de morada, asalto, lesiones, privación ilegal de la libertad y daño en propiedad ajena.
Los abogados manifestaron su esperanza en que los presuntos delitos cometidos por Noboa y otras autoridades sean adecuadamente sancionados por el sistema judicial mexicano.
La denuncia se presentó dos días antes de que la Corte Internacional de Justicia, el principal tribunal de la ONU, comience a considerar los argumentos de México y Ecuador sobre los eventos del 5 de abril.
La controversia entre ambos países se intensificó después del allanamiento policial en la embajada mexicana el 5 de abril, donde se detuvo al exvicepresidente Glas, quien estaba asilado allí desde diciembre por un proceso de corrupción.
La situación se agravó aún más después de que un tribunal ecuatoriano declarara ilegal y arbitraria la detención de Glas dentro de la embajada el 12 de abril, aunque sigue encarcelado por condenas pendientes en los casos Sobornos y Odebrecht.
El 15 de abril, Glas escribió una carta al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, solicitando ayuda y declarando que se encuentra en huelga de hambre en la «peor prisión de Ecuador».