El sector industrial y comercial del país produce más de 350 megavatios de energía eléctrica mediante sus propias instalaciones, sin embargo, las autoridades energéticas enfrentan dificultades para integrar estos excedentes al sistema nacional en medio de la crisis energética. A pesar de la reciente legislación llamada “No Más Apagones”, no se ha logrado capitalizar eficazmente esta energía privada, principalmente porque la legislación actual limita la generación privada a no más de 10 MW, lo que desincentiva mayores inversiones. Se hace necesario una reforma legal que elimine el monopolio estatal sobre la generación eléctrica y permita mayor participación privada.
En respuesta a esta situación, el gobierno está desarrollando un reglamento que permitiría a entidades como CNEL, Celec y Cenace establecer convenios con el sector privado para integrar más energía al sistema. Una de las propuestas incluye suministrar diésel a las empresas para que operen sus plantas y luego facturar el costo de este combustible en sus consumos mensuales, lo que representaría un costo de entre 60 y 70 millones de dólares para el país. Sin embargo, liberaría cientos de megavatios vitales para la demanda nacional.
Otro problema destacado es que en algunas áreas de Ecuador, la red eléctrica actual no tiene la capacidad para manejar la energía generada por fuentes privadas debido a la falta de adecuaciones en la infraestructura eléctrica por parte de las entidades del sector, lo que ha sido un desafío prolongado que aún no se resuelve.