El presidente Daniel Noboa inició oficialmente el proceso para terminar con las actividades petroleras en el Bloque 43 del Yasuní-ITT. En la noche del 8 de mayo, firmó el decreto ejecutivo 257, que establece la creación del Comité de Ejecución de la Voluntad Popular (CEVP) Yasuní-ITT. Este comité se encargará de coordinar y establecer los mecanismos, lineamientos y acciones necesarios para cumplir con los resultados de la Consulta Popular del 2023, en la cual el 58.9% de los ecuatorianos votó por mantener el crudo del Bloque 43 indefinidamente bajo tierra.
El CEVP Yasuní-ITT estará compuesto por cinco miembros, representantes de las principales instituciones estatales relacionadas con esta área:
- El líder del Ministerio de Energía y Minas o un viceministro delegado, quien presidirá el comité.
- El máximo responsable del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica o un viceministro delegado.
- El máximo responsable del Ministerio de Economía y Finanzas o un viceministro delegado.
- El máximo responsable del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos o un subsecretario delegado.
- El líder de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, o un gerente delegado.
Estos miembros podrán participar en las discusiones con voz, pero sin derecho a voto. El comité también se encargará de coordinar y elaborar un plan de acción basado en informes de cada entidad miembro y subcomités especializados, que incluirá los lineamientos, actividades y el cronograma para la ejecución de las acciones definidas por la voluntad popular. El financiamiento de estas actividades correrá a cargo de las entidades públicas involucradas, sin necesidad de recursos adicionales del Ministerio de Economía.
Este paso representa un movimiento significativo del gobierno de Noboa, que ha estado bajo presión debido a un déficit fiscal y una crisis de seguridad, hacia una posible moratoria en la extracción de crudo en el Yasuní, tal como lo había sugerido la entonces ministra de Energía, Andrea Arrobo, quien anticipó que el cierre del bloque podría tomar unos cinco años para mitigar el impacto en la economía nacional y permitir una transformación en la industria hidrocarburífera.