El exfuncionario municipal fue condenado a 12 meses de cárcel por el delito de defraudación tributaria. Sin embargo al finalizar la audiencia de juzgamiento, el Tribunal accedió a la solicitud de la defensa del exfuncionario para la suspensión condicional de la pena y ordenó que el implicado se presente una vez al mes en la Fiscalía Especializada de Administración Pública.
Además, como parte de la reparación integral, Román deberá ofrecer disculpas públicas a través de un medio de comunicación con circulación a nivel provincial, teniendo en cuenta que el monto que debía al Servicio de Rentas Internas (SRI) ya fue pagado.
En la audiencia de juicio, la Fiscalía indicó que el acusado había engañado al SRI para evitar el pago de los impuestos correspondientes a su actividad en el año 2015. Los datos falsos presentados en su declaración fiscal fueron descubiertos por la Fiscalía, quien identificó facturas por un total de 216 518 dólares, resultando en una pérdida de ingresos para el SRI de 39 658 dólares.
Para respaldar su acusación, la Fiscalía presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales. Entre los testimonios más relevantes se incluyó el del Director del Servicio de Rentas Internas de Loja y otros funcionarios de la misma entidad que participaron en el proceso de control.
Además, se presentó al agente de policía que llevó a cabo el reconocimiento del lugar donde ocurrieron los hechos, así como a la persona cuyas facturas fueron falsificadas. La perito responsable del examen técnico confirmó las discrepancias entre las facturas originales y las presentadas en la declaración por el exalcalde.
El Tribunal revisó documentos e informes del Servicio de Rentas Internas (SRI), estados de cuenta y otras pruebas presentadas durante el juicio, y resolvió declarar culpable a Román. De acuerdo con el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de defraudación tributaria, que implica presentar datos falsos en una declaración, se castiga con una pena de prisión de uno a tres años.
Además, el 7 de septiembre de 2022, el juez Fernando Muñoz del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) destituyó a Román de su cargo como alcalde por violencia política de género.