La Corte Constitucional emitió este viernes 10 de mayo de 2024, un nuevo llamado de atención al presidente Daniel Noboa, y anuló el decreto que establecía un nuevo estado de excepción para cinco provincias, el cual estaba en vigor desde hace 10 días. Este decreto, conocido como Decreto Ejecutivo 250, declaraba el estado de excepción bajo la causal de ‘conflicto armado interno’, con el propósito de movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como suspender el derecho a la inviolabilidad de domicilio en El Oro, Los Ríos, Manabí, Guayas y Santa Elena.
En una decisión que no fue unánime, la Corte determinó que, según la información presentada por la Presidencia de la República, el Decreto 250 no justificaba la configuración de la causal de conflicto armado interno. Además, señaló que la Presidencia tampoco había justificado adecuadamente el alcance territorial y temporal de la aplicación del estado de excepción, ni había demostrado que los acontecimientos mencionados no pudieran ser enfrentados mediante el régimen constitucional ordinario. Según la Corte, el Decreto se limitaba a mencionar las dificultades en la ejecución de operaciones militares, debido a la necesidad de coordinar con la Fiscalía y los jueces penales para realizar inspecciones, allanamientos y requisas.
En un comunicado, la Corte expresó que había recordado a la Presidencia de la República la responsabilidad y el deber constitucional de motivar adecuadamente los decretos de estado de excepción y proporcionar datos fácticos suficientes que justifiquen un mecanismo constitucional tan extraordinario. El dictamen entrará en vigor cuando se publique en el Registro Oficial. Las juezas Carmen Corral y Teresa Nuques votaron en contra, considerando que el Decreto estaba justificado y cumplía con los parámetros jurisprudenciales.
Hace menos de dos semanas, la Corte había emitido un primer llamado de atención a Noboa por falta de motivación en el decreto de estado de excepción debido a la crisis eléctrica. En esa ocasión, la Corte emitió un dictamen parcialmente favorable y no autorizó la militarización de las centrales eléctricas.