Las miles de detenciones del primer trimestre, en el estado de excepción, han provocado que tanto el centro de detención provisional de Guayaquil como la cárcel de Machala tengan una población que duplica su capacidad.
El Gobierno Nacional ha reportado 11.000 detenciones durante el estado de excepción desde el inicio del año. Sin embargo, el sistema carcelario registró solo un aumento absoluto de 606 reclusos en el primer trimestre de 2024. A pesar de esto, se ha agravado el problema del hacinamiento en las cárceles.
Según información del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), las prisiones finalizaron marzo con una población de 31.869 individuos privados de libertad. Con 4,155 plazas adicionales requeridas, el nivel de hacinamiento continúa aumentando, llegando al 14,99%. Sin embargo, en 15 de los 35 centros de privación de libertad del país, la sobrepoblación sigue incrementando hasta alcanzar niveles preocupantes, con tasas de hacinamiento que oscilan entre el 50% y más del 100%.
La capacidad perdida en las prisiones ha alcanzado niveles sin precedentes, con más de 2.200 espacios no utilizados hasta el 29 de marzo de 2024. Además, los proyectos de construcción de dos nuevas cárceles en Santa Elena y Pastaza no muestran progreso.
Según Fernando Bastias, integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), el Gobierno intentó persuadir a la opinión pública de que un aumento en el número de detenciones implicaba una mayor efectividad en la lucha contra el crimen organizado. Durante el estado de excepción a principios de año, el Gobierno incrementaba diariamente el número de detenidos, llegando a 11.000 arrestos, lo que habría llevado al sistema al borde del colapso. Sin embargo, al final solo se procesaron legalmente a 195 personas.
Desde una perspectiva humanitaria, según Bastias, la crisis en las cárceles se manifiesta en la falta de atención médica para los reclusos, la ausencia de clasificación por delitos, una gestión administrativa y de información ineficiente, y posibles violaciones de los derechos humanos.