Eva Martínez, abogada especializada en Derechos Humanos, compartió en el programa de noticias Punto Noticias que respecto al acuerdo de canje de deuda promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y suscrito por el gobierno de Guillermo Lasso, hay escasa o nula información disponible.
Según Martínez, “no se tiene conocimiento de cómo este acuerdo ha beneficiado a la población de Galápagos o a la conservación; lo que existe es una falta de transparencia evidente”.
Los fondos resultantes del canje de deuda están siendo gestionados por una entidad privada denominada Galápagos Life Fund, con sede en Delaware, Estados Unidos, un reconocido paraíso fiscal. Martínez señala que la composición del directorio de este fondo plantea preocupaciones, ya que está compuesto por 11 miembros, de los cuales seis provienen del sector privado, lo que pone en entredicho la soberanía del país.
Además de los problemas mencionados, existe una carencia en el marco lógico del proyecto que no ha facilitado la implementación de un sistema de monitoreo efectivo y abierto a la participación ciudadana, lo que constituye “una vulneración para la población de Galápagos”. Según la entrevistada, este patrón se repite en otros acuerdos similares, como los de Belice, Barbados e Islas Seychelles.
Adicionalmente, se han registrado incumplimientos por parte del propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ya que hasta la fecha no ha presentado un informe un año después de la firma del acuerdo. El Gobierno de Guillermo Lasso había anunciado el 9 de mayo de 2023 la firma del acuerdo como un “referente mundial”, indicando que el país lograría una reducción de 1.100 millones en su deuda externa.