El futuro de Hernán Luque Lecaro, uno de los implicados en el caso Encuentro, aún está en suspenso. La audiencia en Argentina, programada para escuchar los argumentos de la defensa de Luque y del Estado ecuatoriano, que se esperaba para el 14 de mayo, ha sido pospuesta. Ecuador ha solicitado la extradición de Luque, quien está siendo investigado por presunta participación en delincuencia organizada en un esquema de corrupción en empresas estatales.
Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, también figura entre los acusados. Sin embargo, la jueza a cargo del caso en Buenos Aires, María Eugenia Capuchetti, ha decidido aplazar la audiencia.
Esta información fue corroborada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, además, señaló que la nueva audiencia se llevará a cabo el 16 de mayo.
La Corte Nacional de Justicia de Ecuador fue la entidad que solicitó la extradición de Luque, quien fue arrestado en Buenos Aires el 8 de febrero pasado. Según las averiguaciones realizadas por la Fiscalía, esta presunta organización criminal tenía influencia en instituciones como CNEL EP, BanEcuador y el Servicio de Aduanas, entre otras.
Durante su polémica comparecencia en la Asamblea el lunes 13 de mayo, la fiscal General del Estado, Diana Salazar, había anunciado que la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se llevaría a cabo entre el 16 y 17 de mayo. Sin embargo, debido a las solicitudes de las defensas de dos de los acusados, la diligencia fue postergada hasta finales de junio.
El juez anticorrupción, Renán Andrade, programó que se realice los días 26, 27 y 28 de junio próximos. Ante las críticas de los legisladores correístas en la Comisión de Fiscalización sobre la aparente inacción de la Fiscalía para agilizar la extradición de Luque, la fiscal Salazar recordó que este asunto es competencia exclusiva de la Corte ecuatoriana y de la justicia argentina.
Salazar afirmó que ya hay una coordinación entre ambas entidades en este caso, aunque reconoció que mientras Luque Lecaro no esté en el país, el proceso penal en su contra no puede continuar. Esto se debe a que el delito de delincuencia organizada no puede ser juzgado en ausencia del acusado.