La dirección policial durante los mandatos de los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso está siendo examinada en una pesquisa por presunta asociación ilícita. El caso implica a figuras de alto rango como Tannya Varela, excomandante de la Policía Nacional, así como a los exgenerales Mauro Vargas y Giovanni Ponce.
Durante su intervención en la Asamblea Nacional, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, señaló que el caso fue presentado el 14 de marzo de 2023 por 14 asambleístas, y que la investigación comenzó al día siguiente. Salazar criticó el nombre «La Madrina» usado fuera de la Fiscalía, señalando un innecesario sesgo de género. El nombre oficial del caso en la institución es «Poder Policial».
Según analistas en seguridad, este nuevo examen de las acciones de altos funcionarios debilita aún más la confianza en la Policía. En este escenario, resaltan la urgente necesidad de una purga efectiva dentro de la institución para recuperar la confianza del público.
La relación con el caso Encuentro se establece mediante un informe confidencial que investigaba los posibles lazos del cuñado del ex presidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera, con la mafia albanesa. Durante el avance de esta investigación, se ordena de manera repentina el cierre del caso, aparentemente para beneficiar a los involucrados en el entonces caso León de Troya.
En marzo de 2023, el ex presidente Lasso anunció la solicitud de destitución de Vargas y Ponce, después de que se filtraran fragmentos de una conversación entre ambos. Según esos audios, aparentemente estaban discutiendo sobre el archivo de la investigación por presunto narcotráfico.
En febrero de este año, Tannya Varela, quien se convirtió en Comandante General el 21 de marzo de 2021 durante la administración de Lenín Moreno y luego fue confirmada en su puesto por Guillermo Lasso, emitió un comunicado después de un prolongado periodo de ausencia de declaraciones.
Diego Pérez, experto en seguridad y profesor en la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), señala que la presunta implicación de excomandantes en casos de corrupción plantea preocupaciones sobre la credibilidad de la institución encargada de hacer cumplir la ley. «Genera una dosis de desconfianza sobre la eficacia de las medidas que toma para combatir (delitos)», afirma.
En esta línea, Pérez sostiene que es responsabilidad del Gobierno iniciar un proceso de depuración serio que investigue conexiones en distintos niveles para comprender cómo opera la corrupción.