El 17 de mayo de 2024, los familiares de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, periodistas ecuatorianos secuestrados y asesinados por un grupo disidente de las FARC liderado por alias Guacho, presentaron la desclasificación parcial del caso «Nos Faltan 3». Aunque la Corte Constitucional ordenó la desclasificación completa, las actas 18, 19 y 20 muestran inconsistencias y irregularidades, incluyendo saltos de página y secciones cortadas, justificados por el Consejo de Seguridad Pública (COSEPE) por supuestos riesgos para la seguridad nacional.
Raúl Rivas, hermano de Paúl, revisó las actas incompletas que carecen de audios, transcripciones de reuniones y firmas de los participantes del COSEPE de 2018. También se mencionan presentaciones sobre el caso que no fueron incluidas. Las conversaciones revelan que el gobierno de Lenín Moreno se centró en promover una teoría sobre la «irresponsabilidad» de los periodistas y en proteger su imagen pública, en lugar de enfocarse en rescatarlos y evitar su asesinato.
El acta 18 revela que, en la primera reunión del gabinete de Lenín Moreno, se buscaba posicionar la idea de que el equipo periodístico fue «irresponsable» al ir a la frontera norte. César Navas, ministro del Interior, mencionó un protocolo de ingreso a la zona y, en lugar de centrarse en cómo liberar a los periodistas, cuestionaba si tenían las credenciales adecuadas.
Las discusiones del gabinete se enfocaban en planificar a largo plazo cómo actuar ante el secuestro. El 28 de marzo de 2018, Navas dijo: «Pero sin duda señor Presidente, hay que estar planificando esto (acciones sobre el secuestro de los periodistas) a años, no meses». Según Raúl Rivas, hermano de Paúl Rivas, el gobierno de Moreno pensaba que los periodistas podrían estar secuestrados durante años, similar al caso de Ingrid Betancourt, lo que llevó a priorizar el discurso público sobre una estrategia de rescate.
El acta también menciona que Guacho habría solicitado la liberación de alias Cuco y la retirada del Estado de la frontera norte, en contraste con la versión oficial que hablaba de la liberación de tres miembros del grupo de Guacho. Rivas cuestiona: «¿Pedía a tres o a uno?».
Otra inconsistencia es que, mientras en algunas reuniones se dice que el canal de comunicación con Guacho se abrió a raíz del secuestro, el acta 19 indica que había comunicaciones desde enero, dos meses antes. Además, Rivas señaló que en noviembre de 2017, Guacho ya amenazaba a la sociedad civil y a los militares en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia.
Entre las actas 18 y 19 también hay cambios en datos clave para la investigación, como la hora del secuestro y la hora en que se encontró la camioneta de los periodistas, sin precisiones sobre cómo fue encontrada.
Las actas no presentan un plan de rescate, sino menciones sobre el secuestro y el discurso a posicionar ante la prensa. El acta 20 es más reveladora sobre lo que el gobierno ocultó. Aunque el gobierno anunció que Paúl, Javier y Efraín fueron asesinados entre el 12 y 13 de abril, la desclasificación sugiere que las muertes ocurrieron antes, posiblemente entre el 7 y 8 de abril, según Rivas. Esta parte del acta está cortada.
Ante esto, los familiares presentarán una solicitud ante la Corte Constitucional para que se cumpla la sentencia en su totalidad y se entregue el material no liberado. También han solicitado una reunión con el Ministerio de Gobierno.