La Asamblea Nacional ha aprobado una ley que asegura transferencias directas y automáticas de los fondos correspondientes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) provenientes de impuestos y la venta de petróleo. Esta nueva legislación, además de ser un derecho de los gobiernos locales, podría aumentar la presión sobre las finanzas públicas, según expertos. El presidente Daniel Noboa tiene hasta el 9 de junio de 2024 para pronunciarse al respecto.
La normativa, denominada Ley para Asegurar la Asignación Directa de Recursos de los Ingresos Permanentes y No Permanentes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, establece que los montos sean transferidos directamente desde el Servicio de Rentas Internas (SRI) a las cuentas de los gobiernos seccionales en el Banco Central del Ecuador (BCE) durante los primeros cinco días de cada mes, sin intervención del Ministerio de Finanzas.
Además, la ley estipula un plazo de 90 días, a partir de su entrada en vigor, para que el Gobierno central se ponga al día con las deudas pendientes a los GAD, incluyendo prefecturas, municipios y juntas parroquiales.
El Ministerio de Finanzas ha reportado que entre enero y abril de este año, el Gobierno ha acumulado retrasos de 666,3 millones de dólares debido al Modelo de Equidad Territorial, la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) y otros conceptos. No obstante, la deuda total con los GAD, incluyendo la de administraciones anteriores, superaría los 1.900 millones de dólares.
«Como autoridades locales, estamos extremadamente contentos de que se haya aprobado la transferencia directa y oportuna de los recursos», expresó Patricio Maldonado en un conversatorio con medios. También reconoció la existencia de una brecha fiscal que necesita ser abordada y afirmó que los gobiernos locales están dispuestos a llegar a un acuerdo sobre las deudas, siempre que los recursos se entreguen de manera oportuna en el futuro.