La Fiscalía General del Estado informó este sábado 18 de mayo que está procesando a tres personas, una de ellas accionista de 27 empresas, por presunto lavado de activos en el caso ‘Riesgos’.
Según un comunicado de la Fiscalía, la investigación se centra en los movimientos económicos injustificados de uno de los acusados, basados en un Reporte de Operaciones Inusuales Injustificadas (ROII) emitido en 2015 por la entonces Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ahora UAFE. Este informe reveló que Marco Lener V. F. es accionista de 27 empresas nacionales y administrador de otras cinco.
Carlos Alonso P. G., contador del empresario, habría ayudado a ocultar el origen del patrimonio de Marco Lener V. F. llevando la contabilidad de este y varias de sus empresas, participando en actividades ilícitas y adquiriendo bienes en el extranjero.
La Fiscalía señaló que los delitos precedentes que se investigan son usura y defraudación tributaria, aunque no se ha determinado la cantidad de dinero involucrada. Karina Marianela P. P., funcionaria del Servicio de Rentas Internas (SRI), habría elaborado informes sobre discrepancias en el patrimonio de Marco Lener V. F. respecto a sus declaraciones, los cuales luego archivó.
Los tres fueron detenidos el viernes 17 de mayo en allanamientos en Tungurahua, Manabí y Guayas. Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado indicó que Marco Lener V. F. sería un prestamista informal que presentó al menos quince demandas civiles por cobro de letras de cambio y pagarés. Estas actividades llevaron a la adquisición de 69 inmuebles a nivel nacional, no declarados correctamente ante el SRI.
Entre las empresas vinculadas a Marco Lener V. F. se encuentran negocios de compra y venta de vehículos e inmuebles, talleres automotrices, empresas de turismo y una radio en Ambato, con más del 50% de acciones en al menos 17 de ellas.
La fiscal del caso acusó a Marco Lener V. F. como autor, a Carlos Alonso P. G. como coautor, y a Karina Marianela P. P. como cómplice. La jueza dictó 90 días de instrucción fiscal, medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país. También ordenó la prohibición de enajenar catorce inmuebles valorados en unos siete millones de dólares.
Los procesados podrían enfrentar penas de diez a trece años de prisión.