Diversas organizaciones, colectivos, movimientos sociales y comunidades indígenas se reunirán hoy a las 10:00 en la Unidad Judicial Multicompetente de Cotopaxi para seguir de cerca una audiencia relacionada con una acción de protección que busca detener la actividad minera en las áreas de Palo Quemado y Las Pampas. Además, los residentes de esta zona demandan justicia y solicitan el cese de la fuerte represión por parte de las fuerzas policiales y militares.
El Frente Nacional Antiminero ha confirmado que la protesta se llevará a cabo simultáneamente con la Audiencia de Acción de Protección, la cual fue pospuesta el mes pasado.
El alcalde de Sigchos, Óscar Monge, presentó este recurso legal debido a la negativa de continuar con el proceso de socialización del proyecto minero La Plata, llevado a cabo por el Ministerio del Ambiente en esa parroquia, que estaba a cargo de la empresa canadiense Atico Mining.
Según el Frente Antiminero, tanto el Gobierno como la empresa minera canadiense dieron explicaciones por falta de preparación y revisión del expediente, lo que resultó en el aplazamiento de la audiencia.
La semana pasada, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendaron a las autoridades de Ecuador que garanticen las consultas ambientales en proyectos mineros, en cumplimiento de las normas de Derechos Humanos.
En un comunicado, el organismo internacional sugirió al Ejecutivo que los procesos de consulta y participación relacionados con los proyectos mineros deben cumplir con las normas internacionales: “Debe respetarse el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas, así como los derechos de personas afrodescendientes que viven en dichas comunidades”, se recalcó.
De igual manera, los expertos de la ONU advirtieron que varios pueblos indígenas y comunidades afectadas fueron excluidas de los procesos de consulta ambiental.
Entre ellas -reveló el documento- se encuentran las personas residentes de las parroquias de Las Pampas y Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi, y el cantón de Las Naves, provincia Bolívar, afectadas por proyectos mineros de empresas de capital canadiense.