El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Ecuador instó al Gobierno a asegurar que los reclusos tengan acceso a la comida, y criticó duramente el incumplimiento en la entrega de recursos para la compra de alimentos en varias prisiones del país, calificándolo de «flagrante».
La organización no gubernamental destacó en un comunicado que existe una medida cautelar en vigor para los centros penitenciarios de la Zona 1, en el norte del país, que exige garantizar el acceso a la alimentación de las personas privadas de libertad.
El CDH afirmó que, según reportes de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Economía y Finanzas ha incumplido gravemente con la entrega de recursos necesarios para garantizar el derecho a la alimentación de los reclusos. Además, señaló que el SNAI ha promovido que las familias de los presos gestionen donaciones de alimentos, mientras persiste un racionamiento inhumano de comida.
El CDH recordó que el incumplimiento de la medida cautelar en las prisiones de la Zona 1 podría acarrear responsabilidades administrativas y penales. También advirtió sobre el riesgo de suspensión de la restricción alimentaria en la Zona 3, particularmente en Guayas, donde se encuentra el mayor complejo carcelario del país, debido a la suspensión de pagos a la empresa encargada de proveer alimentos en las prisiones de esa región. Además, anunció que tomará las acciones legales necesarias para asegurar el acceso a los derechos de las personas privadas de libertad en cuanto a su alimentación.
El CDH reiteró sus denuncias sobre presuntas acciones de tortura perpetradas por agentes del orden encargados de vigilar las cárceles ecuatorianas, las cuales han sido escenario durante años de una cruenta lucha de poder entre grupos criminales.
La organización instó a la Defensoría del Pueblo de Ecuador a cumplir cabalmente su mandato constitucional en la prevención de la tortura, mientras criticaba la construcción de una controvertida «megacárcel» en Santa Elena, al suroeste del país, promovida por el Gobierno del presidente Daniel Noboa.
El CDH llamó la atención a los organismos internacionales para que revisen los antecedentes de esta iniciativa, señalando presuntas violaciones a los derechos humanos y una gestión financiera irresponsable. Además, manifestó la necesidad de transformar las cárceles existentes en espacios efectivos de rehabilitación, cuestionando los posibles motivos económicos y mediáticos detrás de la construcción de la «megacárcel».
Desde el inicio del año, el presidente Noboa ha declarado la lucha contra las bandas del crimen organizado como un «conflicto armado interno», catalogándolas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, en respuesta al aumento de la violencia en el país.
Esta declaración fue acompañada por un estado de excepción que militarizó las principales prisiones del país para recuperar el control de estos recintos, epicentros de una crisis de violencia que ha resultado en más de 500 muertes desde 2020, la mayoría en masacres entre bandas rivales.
Esta violencia también se ha extendido a las calles, colocando a Ecuador entre los países con mayor índice de homicidios en Latinoamérica, con una tasa de alrededor de 45 por cada 100,000 habitantes en 2023.