A las 08:00 de este jueves 23 de mayo de 2024, se llevó a cabo la instalación de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de la ONU. La CIJ emitió un pronunciamiento sobre la solicitud de medidas cautelares presentada por México contra Ecuador, debido a la invasión de su embajada en Quito el 5 de abril del presente año.
La audiencia se llevó a cabo en el Palacio de la Paz de La Haya, la sede de la Corte, con la presencia de los representantes de México y Ecuador. La sesión fue presidida por Nawaf Salam, el presidente del Tribunal. Se comenzó con la lectura de las argumentaciones de ambos países.
Durante la audiencia, Salam anunció la resolución: la solicitud de medidas cautelares presentada por México contra Ecuador fue denegada.
Antecedentes del caso
El 11 de abril, México inició procedimientos ante la CIJ, argumentando la existencia de una disputa relacionada con “cuestiones legales sobre la resolución de disputas internacionales por medios pacíficos y relaciones diplomáticas, así como la inviolabilidad de una misión diplomática”. Sin embargo, antes de entrar a deliberar en el caso, México consideró necesario que la CIJ emitiera medidas cautelares.
Entre las medidas solicitadas, México pidió al gobierno ecuatoriano “tomar medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar protección y seguridad completas de las instalaciones diplomáticas, su propiedad y archivos, previniendo cualquier forma de intrusión contra ellas”, y que “despejara” los edificios diplomáticos y la residencia privada de los agentes diplomáticos mexicanos en Ecuador.
En respuesta a esta solicitud, la CIJ celebró audiencias públicas el 30 de abril y el 1 de mayo para escuchar los argumentos de ambos países. El Gobierno de México acusó a Ecuador de “cruzar líneas que no se deben cruzar en el derecho internacional” y de crear “un precedente desconcertante que reverbera en toda la comunidad internacional”.
Además, acusó a Ecuador de mostrar una “negligencia deliberada” hacia las vidas de las personas presentes en el recinto y señaló que esta incursión “demuestra claramente la falta de respeto de Ecuador hacia las normas fundamentales, ampliamente aceptadas y de larga data”.
Durante su intervención, Ecuador defendió que el asalto a la embajada mexicana fue un evento “excepcional” y destacó que el político ecuatoriano involucrado ha sido “adecuadamente condenado” por delitos relacionados con la corrupción.
“Andrés Terán, embajador de Ecuador ante Países Bajos, defendió: ‘México utilizó de manera incorrecta durante meses su sede diplomática en Quito para brindar refugio a un delincuente común que ha sido debidamente condenado en dos ocasiones por los más altos tribunales de Ecuador por graves delitos relacionados con la corrupción'”.
El exvicepresidente Glas tenía una orden de detención por malversación de fondos públicos y estaba bajo prisión preventiva por su participación en el caso de las obras de reconstrucción después del terremoto ocurrido en 2016.