El asesinato de tres personas, que además dejó cinco heridos en una cancha pública del cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia del Azuay, el pasado 17 de mayo, es uno de los motivos para que este cantón productivo fuera incluido en el nuevo Estado de Excepción que afecta a siete provincias.
La actual declaratoria tendrá una duración de 60 días y no contempla toques de queda. Según la interpretación del gobierno, la acción de los grupos delictivos organizados se ha trasladado a cantones más pequeños, lo que ha generado «niveles de violencia caracterizados por actos de terror en otros cantones como Camilo Ponce Enríquez, donde han aumentado los homicidios intencionales y el uso de armas de fuego».
El 17 de abril, el alcalde de esa ciudad fue asesinado en medio de una balacera, un hecho que ocurrió cuatro días antes de la consulta popular convocada por Daniel Noboa.
En el Decreto Ejecutivo, el Gobierno argumentó su decisión de esta forma: “Con respecto al cantón Camilo Ponce Enríquez, resulta pertinente agregar, el hecho de conocimiento público, el asesinato violento de su alcalde, que se suscitó en una localidad caracterizada por la existencia de minería ilegal de la que se sirven los grupos armados transnacionales para sus economías criminales ilícitas”.
as cifras de delincuencia en el cantón Camilo Ponce Enríquez muestran una tendencia preocupante. En mayo de 2024, solo en un día se registraron tres ataques armados que resultaron en seis personas asesinadas en Manta, lo que forma parte de una ola de violencia que también afecta a Ponce Enríquez. Este cantón ha sido escenario de múltiples incidentes violentos, incluyendo el asesinato del alcalde José Sánchez el 17 de abril de 2024, en medio de un ataque con fusiles que dejó además tres heridos.
Estos eventos son parte de una escalada de violencia atribuida a la acción de grupos de delincuencia organizada como «Los Pepes», quienes han expandido sus actividades ilegales, incrementando los homicidios intencionales y el uso de armas de fuego en la región. Esta situación ha llevado al gobierno a declarar un estado de excepción en varias provincias, incluyendo Azuay, en un intento por controlar la violencia y el crimen organizado.