A partir del sábado 1 de junio, las cárceles de Guayaquil se encuentran sin servicio de alimentación. Esto ocurrió luego de que la empresa proveedora Lafattoría retirara a su personal el día anterior debido a la deuda pendiente del Gobierno, que asciende a USD 30 millones.
La Unidad de Contingencia Penitenciaria de la Policía Nacional ha instruido a su personal para que facilite a los familiares de los reclusos las facilidades necesarias para que puedan llevar alimentos a las prisiones.
Mientras tanto, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SANI) aún no ha completado el proceso de contratación de una nueva empresa proveedora.
Además de las cárceles de Guayaquil, que albergan a aproximadamente 12,500 personas privadas de libertad, se suman otras instalaciones en Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo y Cotopaxi, que también se han quedado sin servicio de alimentación.
La disputa entre el Gobierno y Lafattoría comenzó a mediados de mayo pasado, cuando el presidente Daniel Noboa acusó a la empresa de tener supuestos vínculos con una empresa asociada a la esposa del narcotraficante conocido como alias Fito.
El Gobierno solicitó a la Fiscalía que investigara a Lafattoría, mientras que la empresa negó las acusaciones y denunció la deuda millonaria que las autoridades mantenían con ella.