La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, ha solicitado formalmente a la Corte Nacional de Justicia que se fije fecha y hora para procesar a la vicepresidenta Verónica Abad por el delito de concusión, reemplazando la acusación inicial de tráfico de influencias. También se involucrará a Daniel Redrován, supuesto asesor de Abad, y se ha pedido autorización para extraer información del iPhone del denunciante.
En este proceso, la Asamblea Nacional tendrá un papel crucial, ya que la Corte Nacional necesita autorización del Pleno para procesar a Abad debido a su inmunidad. Se requieren 92 votos en la Asamblea para permitir este procesamiento penal.
Si el Legislativo da luz verde, un juez de la Corte Nacional conocerá el caso y podrá dictar medidas cautelares, como presentaciones periódicas o incluso prisión preventiva. En caso de prisión preventiva, podría configurarse una ausencia temporal de Abad, lo que podría resultar en su destitución y la imposibilidad de asumir la presidencia cuando Noboa se tome una licencia para la campaña electoral de 2025.
Además, Abad podría enfrentar un juicio político en la Asamblea si se configura el presunto delito de concusión, para lo cual se necesita un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional.