El sector de importación de armas y las empresas de seguridad privada en el país están enfrentando serias dificultades debido a un reciente fallo judicial que ha revertido una reducción en el Impuesto de Consumos Especiales (ICE), esta situación ha dejado a más de 10.000 armas retenidas en la aduana, creando una urgente necesidad de intervención gubernamental.
Importadores de armas y empresas de seguridad privada han levantado la voz debido a que el ICE, que previamente había sido reducido del 300 % al 30 % durante el gobierno de Guillermo Lasso, ha vuelto a su tasa original del 300 % tras un fallo de la Corte Provincial de Pichincha el 21 de mayo, esta decisión judicial ha dejado paralizados los procesos de importación y nacionalización de armamento y municiones, ya que los importadores se ven incapaces de pagar el nuevo impuesto. La Cámara de Empresas de Seguridad Privada ha solicitado al presidente de la República, Daniel Noboa, que emita un nuevo decreto ejecutivo que reduzca nuevamente el ICE del 300 % al 30 %. Jorge Villacreses, presidente de la Cámara, ha explicado que más de 10.000 armas, que incluyen pistolas, revólveres, escopetas y carabinas, están retenidas en las bodegas del Servicio Nacional de Aduanas (SENAE) debido al incremento del ICE. Los importadores, quienes ya pagaron el ICE del 30 %, se enfrentan ahora a la imposibilidad de nacionalizar las armas sin recalcular y pagar el 300 %, El problema surgió el 21 de mayo, cuando la Corte Provincial de Pichincha emitió una sentencia que anuló la reducción del ICE implementada por el anterior gobierno. Desde entonces, las armas importadas bajo el régimen del 30 % han quedado retenidas, ya que el SENAE exige el pago del 300 % para liberar el armamento.
Las armas se encuentran actualmente en las bodegas del Servicio Nacional de Aduanas (SENAE), este almacenamiento prolongado no solo genera costos adicionales para los importadores debido a las tarifas de bodegaje, sino que también representa un riesgo de seguridad, según Villacreses, dado que bodegas de la Policía y del Ejército han sido blanco de robos en el pasado.
Es crucial resolver este problema porque las empresas de seguridad necesitan renovar su equipamiento, algo que no han podido hacer en 16 años debido a los altos costos del ICE. Franklin Pozo, vocero de los importadores de armas, explicó que durante el período en que el ICE estuvo al 30 %, los importadores pudieron ingresar 10.000 armas, lo cual es solo una fracción de las necesarias para los más de 90.000 guardias de seguridad en el país. El impacto financiero de pagar el ICE del 300 % es sustancial: una arma que con un ICE del 30 % cuesta $1.500, subiría a casi $5.000 con el ICE al 300 %.
La situación es crítica y requiere una rápida respuesta del Gobierno. Alba Rodríguez, vicepresidenta del gremio de importadores, urgió al Gobierno a emitir un nuevo decreto ejecutivo esta misma semana para reducir el ICE, subrayando la imposibilidad de los importadores de pagar el 300 % y el peligro que representa tener una gran cantidad de armas retenidas.