El caso Nene, enfocado en la vicepresidenta Verónica Abad, ha vuelto a la jueza anticorrupción María Fernanda Castro Angos después de que Daniella Camacho se apartara del proceso. Esta situación surge tras la negativa de la Asamblea Nacional ecuatoriana de autorizar el enjuiciamiento penal en este controvertido caso.
Daniella Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia, tuvo que declinar la competencia sobre el caso Nene luego de que la Asamblea Nacional rechazara la solicitud para iniciar el juicio penal contra Verónica Abad, quien ejerce como vicepresidenta. Por consiguiente, Camacho devolvió el expediente a María Fernanda Castro, especialista en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Ante esta situación legal, Camacho validó todos los procedimientos previos en el caso y ordenó la transferencia inmediata del expediente a su colega judicial, esto implicó el aplazamiento de la audiencia destinada a vincular al asesor de Abad, Daniel Lenín R. P., y a reconsiderar los cargos de tráfico de influencias por concusión, originalmente programada para el lunes 17 de junio.
Hasta hace poco, el único acusado en este caso era Sebastián B. A., hijo de la vicepresidenta, actualmente desempeñando funciones diplomáticas en Tel Aviv, Israel, La dinámica procesal cambió drásticamente cuando el fiscal Leonardo Alarcón presentó pruebas que vinculaban a Abad y a su supuesto asesor, ambos con fuero de la Corte Nacional. Alarcón se inhibió y remitió el caso a la fiscal general, Diana Salazar, quien solicitó nuevas diligencias.
Con la negativa de la Asamblea Nacional a la petición de Camacho, el futuro del proceso recae en María Fernanda Castro, quien determinará la vinculación de Daniel Lenín R. P. y la posible reformulación de los cargos, la figura legal de la concusión, con sus implicaciones penales y su prescripción nula, abre la puerta a futuras acciones legales contra Verónica Abad una vez finalizado su mandato en mayo de 2025 y sin el resguardo de la inmunidad, la Fiscalía ya ha solicitado una audiencia para vincular a Daniel Lenín R. P., marcando un nuevo capítulo en este complicado caso de corrupción que entrelaza decisiones judiciales y políticas en Ecuador.