El reciente anuncio de la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec) sobre la contratación de electricidad adicional ha puesto de manifiesto la gravedad de la crisis eléctrica en el país.
Este 10 de junio de 2024, Fabián Calero, gerente subrogante de Celec, declaró en emergencia a la empresa y autorizó la contratación de 475 megavatios adicionales de electricidad para enfrentar la crisis eléctrica, esta decisión se publicó en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). La adquisición incluye 328 megavatios mediante soluciones terrestres, como motores a fuel oil, distribuidos en varias provincias: 100 megavatios en Salitral, 50 megavatios en Quevedo, 28 megavatios en Santa Elena y 150 megavatios en Esmeraldas, además, se planea alquilar 147 megavatios de electricidad mediante barcazas o barcos generadores.
La situación se financia con el Presupuesto General del Estado, y el Ministerio de Finanzas proporcionará los recursos necesarios. Sin embargo, la crisis eléctrica persiste. Ecuador ha experimentado cortes programados y un apagón nacional debido a una falla en una línea de transmisión el 19 de junio de 2024, estos cortes han causado pérdidas significativas, estimadas en USD 265,2 millones desde abril de 2024, además de USD 600 millones por racionamientos entre octubre y diciembre de 2023. La urgencia de estas medidas se debe a la advertencia del Cenace, que señala que con las plantas de generación actuales no se puede garantizar el suministro continuo de energía. Incluso durante la temporada de lluvias, hay riesgo de cortes, y se espera que la sequía comience antes de lo habitual, en septiembre de 2024, con niveles de caudal históricamente bajos en la Cuenca de Paute.
Para evitar la dependencia de la electricidad importada de Colombia, Ecuador necesita incorporar inmediatamente 1080 megavatios adicionales de generación. Esto equivale a construir una hidroeléctrica del tamaño de Paute, la segunda más grande del país. Aunque la administración de Daniel Noboa ha tomado medidas urgentes, la crisis eléctrica y la necesidad de una solución a largo plazo siguen siendo desafíos significativos para garantizar la soberanía energética del país.