El 5 de julio se completan los 120 días de instrucción fiscal en el caso Purga, donde 25 personas están siendo investigadas por delincuencia organizada, entre los acusados se encuentra el coronel del Ejército Xavier R. J., cuya defensa argumenta que las acusaciones en su contra se basan únicamente en especulaciones.
La defensa del coronel Xavier R. J., comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, sostiene que no existen pruebas concretas en su contra. Xavier R. J. es uno de los trece nuevos vinculados a la investigación desde el 5 de junio. La Fiscalía alega que esta «organización criminal» influyó en decisiones judiciales y administrativas en la provincia del Guayas, obteniendo beneficios económicos y materiales. La Fiscalía señala que la estructura estaba dirigida por el exlegislador Pablo Muentes y que incluía a la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, y al exjuez penal del Guayas Johann M. La defensa del coronel, liderada por el abogado Stalin López, insiste en que no hay pruebas que vinculen a su cliente con estas actividades delictivas.
López afirma que han presentado pruebas contundentes para demostrar la inocencia de Xavier R. J. Aunque admite la existencia de una red que manejaba sumas significativas de dinero para influir en decisiones judiciales, López asegura que su cliente no tiene relación con estas actividades. El fiscal general subrogante, Wilson Toianga, justificó la inclusión de trece nuevos acusados, incluyendo a Xavier R. J., con base en nuevos elementos de la investigación. Según la Fiscalía, el coronel cooperó con Fabiola Gallardo en la manipulación del sistema judicial del Guayas, realizando pagos y obsequios para obtener fallos favorables.
El caso Purga, que involucra a altos funcionarios y exfuncionarios judiciales y administrativos, avanza hacia una fase crucial con el cierre de los 120 días de instrucción fiscal. La defensa del coronel Xavier R. J. mantiene que las acusaciones en su contra carecen de fundamento, mientras la Fiscalía continúa presentando pruebas de una supuesta red de corrupción y tráfico de influencias, las decisiones tomadas en las próximas semanas serán determinantes para los acusados y para la percepción pública de la justicia en el país.