El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) afirma que durante el gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023), aumentó la disponibilidad de armas de fuego tanto en el mercado legal e ilegal del país. Esto fue consecuencia de la flexibilización de las regulaciones que controlan la importación, fabricación, venta y posesión de armas.
El informe «¿El paraíso perdido? Tráfico de armas de fuego y violencia en Ecuador» afirmó que el papel crucial de las armas de fuego en los actos violentos en Ecuador (involucradas en nueve de cada diez homicidios en 2023) se debe a la flexibilización de las leyes internas que permiten la importación, fabricación, comercio y uso de armas.
“A pesar del aumento de la violencia armada, el 1 de abril de 2023, el Gobierno de Ecuador aprobó medidas que expandieron el mercado legal de armas de fuego”, según informó el OECO, una organización financiada por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos (INL) y gestionada por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Padf).
Entre esas medidas, se incluyó la legalización de la importación y tenencia de armas de uso civil para la autoprotección y la reducción del impuesto especial sobre las armas de fuego en Ecuador, que pasó del 300 % al 30 %.
Según el OECO, “estas decisiones se tomaron a pesar de que el Estado tiene una débil capacidad para controlar efectivamente los permisos de armas, de la creciente corrupción en las instituciones de seguridad y de las fuertes críticas de algunos sectores de la sociedad civil al Gobierno por fomentar la autoprotección y la seguridad privada en lugar de una política pública de seguridad.
«Este cambio ha permitido que haya más armas mientras las actividades criminales se expanden en el país, creando un mercado activo y peligroso,» concluyó el informe.
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