La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se reunió de manera telemática el 1 de julio de 2024 para discutir la polémica generada por la retirada de firmas de juicios políticos contra exministros del expresidente Guillermo Lasso. Entre los exfuncionarios afectados se encontraban Sebastián Corral, Andrea Montalvo y Pablo Arosemena, cuyas solicitudes de juicio político fueron archivadas durante la sesión. Este movimiento buscaba acelerar el proceso de interpelación hacia las ministras Gabriela Sommerfeld y Mónica Palencia.
La sesión comenzó con la lectura de informes que sustentaban las interpelaciones. Sin embargo, a las 10:26 horas, se procedió al archivo de las solicitudes de juicio político contra Corral, Montalvo y Arosemena, desatando críticas y controversias tanto dentro como fuera de la Asamblea Nacional. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres Cobo, acusó a legisladores de diferentes partidos de retirar firmas de juicios políticos para beneficiar a exministros de Lasso, una medida que él interpretó como un intento de desviar la atención de los procesos de interpelación pendientes.
Esta situación provocó reacciones divididas entre actores políticos. El presidente Daniel Noboa Azín expresó su descontento, acusando a los sectores políticos tradicionales de proteger a figuras implicadas en presuntos actos de corrupción que contribuyeron al deterioro fiscal del país. Por su parte, el movimiento Construye rechazó las afirmaciones del presidente, subrayando que no existía una estrategia concertada para alterar los procesos legislativos en favor de ningún grupo específico.
En respuesta, la asambleísta Ana Galarza defendió a su bancada de acusaciones injustificadas, negando cualquier participación en la retirada de firmas de juicios políticos. En un mensaje directo a Noboa, Galarza instó al presidente a verificar sus fuentes antes de hacer declaraciones públicas que pudieran generar confusión y desinformación. Este episodio reflejó la creciente tensión política en torno a los mecanismos de control y rendición de cuentas en Ecuador, evidenciando las profundas divisiones dentro del panorama legislativo y gubernamental del país.